Washington. – Ex presidente de Estados Unidos joe biden (2021-2025) presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos con el objetivo de detener la publicación de grabaciones y transcripciones de entrevistas privadas realizadas al escritor Mark Zwonitzer, quien lo ayudó a escribir sus memorias Promise Me, Dad.
Según el documento judicial, los abogados de Biden sostienen que la difusión de estos archivos representaría “una invasión injustificada” de su privacidad, ya que contienen conversaciones personales mantenidas en 2016 y 2017. El material acabó en manos del fiscal especial Robert Hur, encargado de investigar el manejo de documentos clasificados durante la vicepresidencia de Biden en el mandato de Barack Obama (2009-2017).
La demanda fue presentada en un tribunal federal de Washington y busca impedir que el Departamento de Justicia proporcione el material al Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, y a la conservadora Heritage Foundation, que solicitaron acceso a través del litigio de la Ley de Libertad de Información.
El caso revive la polémica iniciada en mayo de 2025, cuando el Gobierno de Trump filtró a la prensa audios de los interrogatorios realizados por la fiscalía en 2023, generando un debate sobre el estado cognitivo del entonces presidente demócrata. En estas grabaciones, Biden, de 80 años, mostraba dificultades para recordar fechas clave, como la muerte de su hijo Beau o el año en el que dejó la vicepresidencia.
El fiscal Hur interrogó a Biden los días 8 y 9 de octubre de 2023 como parte de la investigación sobre el descubrimiento de documentos clasificados en su residencia privada. Los audios filtrados alimentaron cuestionamientos sobre su memoria y capacidad de gestión, lo que ahora vuelve a ser tema de polémica con la nueva demanda.
La defensa de Biden insiste en que las conversaciones con Zwonitzer fueron estrictamente privadas y estaban destinadas a la preparación de sus memorias, por lo que su divulgación violaría derechos fundamentales de privacidad y confidencialidad. El tribunal deberá decidir si el material puede ser entregado o si queda protegido bajo las garantías legales reclamadas por el expresidente.
