Conviene dejar de ver el ámbito de la manufactura y el comercio ubicado fuera de las reglas del juego como algo demasiado negativo para República Dominicana. Ya lo dijo su eminencia y Premio Nobel Amartya Sen, al calificar la informalidad económica de América Latina como un “mecanismo de refugio contra la incapacidad del sector formal para generar empleos dignos” y que actúa sin intención de eludir la ley. Poco más del 35,5% del Producto Interior Bruto del país, PIB, sale de sus manos y de una astucia con la que hay que contar.
Parcialmente bendecido por el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que, aunque se refiere al sector informal como un síntoma de fallas estructurales y un obstáculo para el desarrollo sostenible, reconoce que actúa como “una red de seguridad económica vital para miles de millones de personas” y aboga por abrirle espacio para avanzar hacia reformas progresivas hasta una “formalización inclusiva”.
Es despreciado en las evaluaciones del rigor capitalista con aspiraciones a las perfecciones del Primer Mundo. Pero mientras eso llega, la informalidad avanza -con todas sus lamentables y nocivas imprecisiones- generando ingresos para el 54,1% de la población ocupada, lo que equivale a casi tres millones de trabajadores activos, la mayoría de ellos a la luz del sol y visibles para tirios y troyanos.
Otra cosa es la economía sumergida y la formada por gerencias que, con documentos aparentemente correctos, falsifican las cuentas sujetas a revisiones oficiales para ocultar sus formas de ser, también, al menos en parte, informales y evasivas. Algunas consecuencias positivas acompañan a las pymes marginales y a la multitud de vendedores ambulantes, conductores públicos, jornaleros dispersos e incluso motociclistas que asustan a la sociedad y están en la vanguardia de la mortalidad por tránsito, pagando con sus vidas las infracciones.
Son productivos para la macroeconomía porque, a través de la informalidad, realizan autoempleo y negocios menores que mitigan el desempleo al absorber una población masiva que ha cerrado el área formal de la economía. No pagan impuestos pero generan ingresos considerables al fisco con compras de insumos y bienes finales a proveedores que operan bajo leyes y regulaciones y actúan como “agentes de retención” para contribuir al fisco. Con bastantes de estos incurriendo en “retenciones” exageradas para su propio beneficio. Robo al tesoro, ni más ni menos.
MALA MIRADA
Los informales operan con una aspiración de éxito en el área de la economía que escapa al reconocimiento institucional y parecen, en la mayoría de los casos, condenados a la falta de acceso al financiamiento bancario y a las innovaciones tecnológicas. Y como tampoco pueden participar en el sistema de seguridad social, el daño es doble porque al permanecer desprotegidos, su tasa de participación en la red de atención médica y pensiones sigue siendo anormalmente baja en detrimento de las administradoras de pensiones llamadas a incluir el universo del sector laboral para su plena vigencia y rentabilidad.
La informalidad es un ámbito muy extenso que convierte a sus participantes en evasores de impuestos en perjuicio propio y de la comunidad, ya que genera una pérdida de ingresos equivalente a alrededor de un tercio del PIB anual, incumplimiento que perjudica a la sociedad por las limitaciones en que permanecen importantes servicios a la comunidad que el Estado debe brindar.
Para el FMI, cuando la informalidad de los entornos manufacturero y comercial es excesiva, actúa como un freno al desarrollo y al potencial de crecimiento de un país, ya que las empresas informales tienden a ser pequeñas, carentes de tecnologías avanzadas y excluidas de la economía de escala que aumenta los márgenes de ganancia.
LOBOS INFORMALES
A veces sofisticados, y generalmente con altas ganancias y operaciones en la sombra, existen grupos fachada legales que, en contradicción con la ley y sin ser parte del crimen organizado, son aquí y en el resto del mundo, los generadores de entre el 20% y el 25% del PIB sombra, porcentajes respaldados por el FMI y el Banco Mundial.
Proliferan empresas fantasma con direcciones e identificaciones irreales que surgieron aprovechando vacíos legales, fallas de supervisión o que recurren al uso intensivo de efectivo para ocultar sus verdaderas ganancias y evadir los controles institucionales. Generan oleadas de transacciones de alto valor con omisión de facturas fiscales.
Una estafa que consigue y consigue generar ingresos sin declarar o presentar sólo parcialmente a las autoridades fiscales. Se sabe que las empresas utilizan la tecnología digital para desviar ganancias y flujos monetarios a cuentas cifradas. Lo logran al evitar procesos de inspección demasiado complejos y evitar tasas impositivas que se consideran confiscatorias. Se percibe que algunas empresas formales estarían optando por ocultar parte de sus operaciones: las de mayor abundancia.
Se pueden ver signos de que detrás de las apariencias de formalidad hay ramas de la economía sumergida que sólo reportan una fracción de sus ingresos reales a la gestión tributaria, manteniendo los márgenes más altos de su rentabilidad en registros paralelos. Con pagos digitales y en efectivo se viola la ley dominicana contra el lavado de dinero.
