Por segunda vez, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó la audiencia para conocer la medida coercitiva solicitada por el Ministerio Público contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de presuntamente cometer delitos de maltrato físico y psicológico, así como trabajos o servicios forzados, en perjuicio de varios niños en el Fundación Restaurando Vida (Un Muerto Que Resucita)ubicado en el municipio Bajos de Haina.
Según explicó la defensa del pastor, el tribunal fijó la nueva audiencia para el próximo 15 de septiembre, para que los abogados de las madres de las presuntas víctimas, en este caso las menores, puedan actuar como su defensa, de conformidad con el Código Penal dominicano.
“Las víctimas no quieren representación del Ministerio Público, porque son víctimas del Ministerio Público y del Conani (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), no del pastor. Conani y el Ministerio Público quieren presumir una representación falsa e ilegítima de las víctimas“dijo Manuel Soto.
El jurista también cuestionó la forma en que, según dijo, se ha desarrollado la investigación y aseguró que las madres de los menores buscan explicarle al juez cuál es la realidad de los hechos.
“Una investigación realizada de manera apresurada e irresponsable, y Estas madres quieren establecer ante el juez cuál es la realidad, si es cierto que sus hijos han sido agraviados. Ahora el Ministerio Público se opone con uñas y dientes a que las madres hablen en ese escenario, porque sabe que lo que las madres van a decir las desenmascarará”, afirmó.
Por su parte, Luis Carela, también representante legal del representante religioso, señaló que ninguno de los padres ha presentado denuncia contra el imputado.
“Ningún padre ha presentado denuncia contra el pastor, pero sí se han presentado para representar directamente a sus menores”, dijo.
?autoplay=1″ width=»100%» height=»100%» enablefullscreen title=»Reproductor de vídeo de Dailymotion» enable=»autoplay»>
Acusación
Según el expediente acusatorio, en el marco de un operativo realizado la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, junto a otros organismos, rescató a 13 niños, niñas y adolescentes de entre cuatro (4) meses y trece (13) años, quienes se encontraban en la Fundación Restaurando la Vida (Un Muerto Que Revive).
«Las víctimas presentaban evidentes signos de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado dentro de una finca», afirmó el Ministerio Público.
Indica que el operativo se desencadenó por la fuga de uno de los menores allí retenidos, quien se presentó ante un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones abusivas a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes allí alojados.
“La víctima que realizó la denuncia fue evaluada por médico forense, quien concluyó que presentaba múltiples lesiones en toda la piel (rostro, miembros superiores e inferiores, espalda y espalda), así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en proceso de curación”, indica el documento.
Agrega que, además, se le realizó una evaluación por parte de un psicólogo forense, perito autorizado para dicha intervención, estableciendo que no asistía a la escuela y que fue obligado a realizar trabajos con madera para la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que fue sometido constantemente a malos tratos físicos y castigos.
En el allanamiento de los domicilios con autorización judicial se identificaron pertenencias ligadas a menores de ambos sexos y diversas edades, prendas de vestir, libretas, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y souvenirs escolares, así como actas de nacimiento y documentos personales de personas ajenas al lugar, así como cuchillos.
