Santo Domingo.- Las principales vías comerciales de varias ciudades del país están cambiando de rostro. Empresas que durante décadas estuvieron en manos de comerciantes dominicanos y otras comunidades están siendo progresivamente ocupadas por establecimientos operados por ciudadanos chinos, expansión que ha generado preocupación entre los representantes del comercio organizado.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Advirtió que el fenómeno ya alcanzó una dimensión que amenaza la permanencia de los comerciantes tradicionales y atribuyó parte de esta situación a lo que considera competencia desleal y a una falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades.
García citó el caso de la Asociación de Comerciantes de las calles Duarte y Mella, que durante años estuvo integrada a la federación. Según explicó, de los 91 establecimientos que pertenecían a esa organización, actualmente solo quedan siete.
“Prácticamente Duarte, Mella y José Martí son tiendas de ciudadanos chinos”, dijo a periodistas de EL Día.
Él presidente de la FDC Señaló que una situación similar se registra en Santiago, San Francisco de Macorís y Moca, donde los comerciantes tradicionales han visto cómo sus antiguos espacios comerciales son progresivamente ocupados por nuevos establecimientos.
En Santiago, específicamente en las calles Del Sol y 30 de Marzo, García aseguró que alrededor del 95% de los negocios del sector repuestos ya son chinos.
Explicó que, en muchos casos, los propietarios dominicanos conservan la propiedad de los locales, pero han decidido alquilarlos a comerciantes chinos.
Para García, esto está provocando una transformación acelerada de las principales arterias comerciales del país.
García denunció que algunos establecimientos estarían operando con prácticas que, a su juicio, les permiten reducir sus costos respecto al comercio formal.
Mencionó, entre otros aspectos, el predominio de las ventas al contado y cuestionó el cumplimiento de las normas de facturación y comprobantes fiscales.
También exigió que se verifique la situación laboral de los empleados extranjeros y el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la contratación de mano de obra extranjera.
La preocupación de los comerciantes es que, si bien los negocios formales deben asumir impuestos, seguridad social, obligaciones laborales y requisitos administrativos, quienes evaden parte de esas responsabilidades podrían competir con una estructura de costos mucho menor.
¿Competencia o competencia desleal?
La discusión no gira, según los empresarios, en impedir la llegada de nuevos comerciantes o rechazar la competencia.
Ángel Viro, presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrería (Aneih), Fue enfático en que el comercio dominicano no teme competir, pero exige que todos lo hagan bajo las mismas reglas.
«El comercio local no le molesta y no le preocupa la competencia. Ahora tiene que ser una competencia sana», afirmó.
El empresario cuestionó si un negocio puede ofrecer precios significativamente más bajos si no asume las mismas obligaciones que los establecimientos formales.
Entre los aspectos que pidió revisar están el pago de impuestos, la declaración de bienes, la facturación, la formalización de los empleados y los aportes a la seguridad social.
“Los chinos no inventaron las ventas baratas”
Viro también cuestionó la percepción de que los comerciantes dominicanos mantienen precios altos y que los nuevos establecimientos son los únicos capaces de vender barato.
Sostuvo que el problema debe analizarse desde las condiciones en las que opera cada negocio.
Además, llamó a los consumidores a no tomar únicamente el precio como criterio de compra y prestar mayor atención a la calidad de los productos.
Defendió la necesidad de fortalecer un mercado en el que los productos dominicanos puedan competir por calidad y estándares, y expresó preocupación por el ingreso de mercancías que, según él, podrían ser de menor calidad.
Los empresarios consideran que el fenómeno ya no es una preocupación exclusiva del comercio tradicional.
Viro advirtió que si determinados comercios no cumplen con sus obligaciones tributarias, el impacto termina llegando a las recaudaciones del Estado.
“Todos los servicios se hacen con dinero público o con el impuesto que se recauda”, explicó.
Por ello, sostuvo que la inspección debe determinar quién cumple y quién no, independientemente de la nacionalidad de los propietarios.
Permisos de construcción en cuestión
Uno de los puntos que más preocupa a los empresarios es la rapidez con la que se estarían habilitando algunos establecimientos de gran tamaño.
Viro cuestionó que un emprendedor puede tardar meses en completar los procesos necesarios para montar un negocio mientras que los grandes establecimientos aparecen en plazos considerablemente más cortos.
Indica que las autoridades deberán verificar que estas edificaciones cuenten con los permisos correspondientes y cumplan con las normas de construcción y seguridad.
Explicó que la situación trasciende el ámbito comercial cuando se levanta una estructura sin cumplir con los requisitos establecidos, por el riesgo que esto podría representar para trabajadores y clientes.
