Por Magdalena Lizardo Espinal
El 9 de septiembre podría convertirse en una fecha de triste recuerdo para muchas familias que dependen de la producción de arroz, y para toda la población si se materializa la amenaza de un deterioro de la seguridad alimentaria en República Dominicana. Ese día, el Decreto 635-26 derogó medidas arancelarias que protegían la producción nacional frente a las importaciones estadounidenses, en cumplimiento del DR-CAFTA. La decisión fue anunciada el 5 de octubre, acompañada de la promesa del gobierno de apoyar a los productores nacionales. En el país existen más de 30 mil productores de arroz, de los cuales entre el 50% y el 60% son pequeños productores de la reforma agraria. Cerca de 300 mil personas están vinculados, directa o indirectamente, a la actividad.
La apertura comercial estaba prevista desde hacía casi dos décadas. El DR-CAFTA estableció que el arroz estadounidense entraría libre de aranceles a partir de enero de 2025. Durante ese período, la productividad mejoró respecto a los primeros años del acuerdo, pero los avances fueron insuficientes para completar la adaptación. No aprovechamos al máximo el tiempo disponible.
Las dificultades para competir con el arroz estadounidense responden a diferencias de productividad y a los subsidios que reciben sus productores. Abordarlos requiere soluciones innovadoras, recursos y capacidad de ejecución. el proyecto de presupuesto público para 2027presentado al Congreso apenas dos semanas después del Decreto 635-26, ofrece una oportunidad para respaldar las promesas del gobierno.
Sin embargo, las cifras presupuestarias no parecen corresponder a la magnitud del desafío. El proyecto presupuestario incluye RD$21,037 millones para agricultura, caza, pesca y silvicultura y RD$9,458 millones para riego. En total, RD$30,495 millones, menos de los RD$31,394 millones presupuestados para 2026.
Esta asignación difícilmente puede interpretarse como una respuesta a las nuevas necesidades del sector arrocero. A esto se suma el riesgo de que se produzca un fenómeno de el niño Especialmente intenso afectará a la producción agrícola durante los primeros meses de 2027.
La ejecución presupuestaria tampoco es alentadora. Hasta agosto de 2026, sólo el 55% de los RD$23,998 millones presupuestados agricultura, caza, pesca y silviculturay sólo el 53% de los RD$7,396 millones destinados al riego.
Estas cifras reflejan la baja prioridad que históricamente ha tenido el sector agrícola en la asignación de recursos presupuestarios. A precios constantes, el gasto público anual en agricultura, caza, pesca y silvicultura aumentó sólo RD$5,973 millones entre 2015 y 2025, mientras que el gasto en riego creció sólo RD$266 millones. En contraste, el gasto en energía y combustibles aumentó en RD$44,000 millones; en transporte, RD$35,400 millones; en asuntos económicos y regulación comercial, RD$14,400 millones; y en asistencia social, RD$25,300 millones.
la experiencia de 4% del PIB En educación recordemos que mayores asignaciones no garantizan mejores resultados. Pero tampoco es creíble prometer apoyo a los productores de arroz sin los recursos para hacerlo efectivo.
Quizás en 2028 se aumenten las asignaciones, pero para entonces muchos productores podrían haber quebrado o abandonado sus cultivos. Preservar la capacidad productiva nacional requiere acelerar la incorporación de tecnologías eficientes de siembra y riego, mejores prácticas de cultivo y nuevas formas de gestión que aumenten los rendimientos y reduzcan los costos unitarios. Esto requiere fortalecer los programas de innovación tecnológica, extensión agrícola, capacitación y financiamiento para acompañar la transformación productiva. También será necesario facilitar la transición a otras actividades para quienes, por razones de escala, no pueden competir.
El país tuvo casi dos décadas para prepararse y no completó la tarea. Ahora el margen es mucho más estrecho. Evitar una sucesión de quiebras requiere decisiones inmediatas, empezando por un presupuesto para 2027 que haga creíble el compromiso del gobierno. No se trata de aumentar el déficit fiscal, sino de priorizar la agricultura y la seguridad alimentaria en la asignación de recursos presupuestarios.
