La muerte de un adolescente de 14 años en un Hogar de Tránsito del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANI) ha causado una profunda conmoción social. Como ocurre con toda tragedia que involucra a niños y adolescentes, la reacción inmediata ha sido buscar explicaciones, responsables y respuestas.
Los acontecimientos que más conmueven a una sociedad deben exigir también algo diferente, la capacidad de detenernos y observar lo que no es visible a primera vista pero que nos da garantías de no repetición de los casos.
Durante casi veinte años he trabajado en diferentes áreas vinculadas a la protección de la niñez, incluyendo niños y adolescentes que sobreviven en las calles, que han vivido graves situaciones de violencia o que han requerido cuidados alternativos por parte del Estado y la Sociedad Civil.
Esa experiencia me ha enseñado que los acontecimientos más dolorosos rara vez comienzan cuando ocurren; generalmente son el resultado de procesos mucho más largos, silenciosos y complejos que antes no habían encontrado respuestas.
Por lo tanto, además de las investigaciones que deben determinar con precisión qué pasó esa noche, también debemos preguntarnos: ¿qué pasó durante los diecisiete y catorce años anteriores en la vida de los adolescentes involucrados? La respuesta nos obliga a mirar más allá del hecho concreto y ahondar en una realidad que los especialistas en protección infantil conocen bien: la causa fundamental de la desprotección es la acumulación progresiva de exclusiones y vulneraciones de derechos que terminan erosionando las redes de apoyo y las condiciones necesarias para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental.
Cuando hablamos de niños sin cuidado parental, solemos referirnos a aquellos que, por diferentes motivos, han perdido temporal o definitivamente la protección efectiva de sus familias.
Detrás de esta definición legal hay una enorme diversidad de trayectorias: muerte de los padres, negligencias graves, abandono, violencia doméstica, abuso sexual, explotación, migración no acompañada, graves problemas de salud mental o situaciones de extrema pobreza que acaban comprometiendo la capacidad protectora de los adultos responsables.
Desde una perspectiva de derechos, la desprotección infantil debe entenderse como el resultado de desigualdades acumuladas y no como el fracaso individual de una familia.
Las investigaciones sobre la exclusión social muestran que las vulnerabilidades tienden a superponerse: una madre o un padre con empleo precario enfrentan desafíos diferentes si también viven en una comunidad con poco acceso a
servicios, si consumes sustancias psicoactivas, si tienes alguna condición de salud mental o si careces de redes de apoyo familiar.
Cada una de estas situaciones representa una presión adicional sobre las capacidades de protección. Cuando varios de ellos convergen en el mismo camino de vida, los riesgos para niños y adolescentes aumentan significativamente. La desprotección, por tanto, no surge de un hecho aislado, sino de la acumulación progresiva de desigualdades que el Estado, las comunidades y las instituciones no lograron prevenir o compensar a tiempo.
Diversos estudios longitudinales desarrollados durante décadas han demostrado que las condiciones materiales en las que se desarrolla la niñez tienen efectos duraderos en la salud física, el bienestar emocional, el desempeño educativo y las oportunidades futuras. Cuanto más temprano y más prolongado sea el contacto con la exclusión múltiple, mayor será la probabilidad de afrontar situaciones de riesgo a lo largo del ciclo vital.
Esto no significa que la pobreza determine automáticamente la violencia o la falta de protección. Millones de familias empobrecidas cuidan, protegen y aman profundamente a sus hijos e hijas.
Sin embargo, sí significa reconocer que la desigualdad genera condiciones objetivas que dificultan el ejercicio cotidiano de la crianza de los hijos y reducen la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis y es en este contexto donde emergen sistemas alternativos de cuidado.
Ninguno de los adolescentes implicados en el caso nació destinado a protagonizar una tragedia de estas características. Todos llegaron a ese punto después de recorrer caminos marcados por experiencias de
violación que probablemente excede lo que la mayoría de nosotros hemos tenido que afrontar.
Este tipo de eventos constituyen lo que se conoce como casos de aprendizaje: situaciones que permiten observar con claridad problemas estructurales que normalmente permanecen ocultos.
Su importancia radica no sólo en la gravedad del hecho, sino en la posibilidad de identificar los vacíos institucionales, sociales y políticos que hicieron posible que ocurriera.
La muerte de este adolescente no debería haber ocurrido y la reflexión que hoy necesita el país requiere ir más allá de la indignación inmediata. Nos obliga a preguntarnos sobre las condiciones que hicieron posible que varios adolescentes se encontraran en ese escenario de violencia, qué salió mal durante el ingreso, durante la supervisión y antes de llegar al Hogar de Paso.
Y la prevención empieza antes de que lleguen a las residencias. Comienza cuando una familia recibe apoyo oportuno para enfrentar una crisis, cuando una escuela detecta señales tempranas de vulneración, cuando los servicios sociales llegan antes de que el daño sea irreversible y cuando las políticas públicas reducen las brechas de desigualdad que limitan las capacidades protectoras de las familias.
Por eso, quizás la declaración más dura que deja esta tragedia es que la muerte de este adolescente no comenzó esa noche, sino muchos años antes.
La pregunta subyacente no es sólo qué sucedió en un hogar de acogida, sino qué salió mal durante 17 años para que la protección llegara demasiado tarde. Porque al final el CONANI no es una familia. (Espere el artículo 2 de 4)
