Uno de los momentos más destacados del primer año de mandato del presidente Luis Abinader Fue el anuncio de doce grandes reformas. En palabras del presidente, estos producirían una “segunda restauración institucional y material” de República Dominicana. La ambición estaba a la altura de las necesidades del país. La agenda abarcó reformas en materia fiscal, laboral y de seguridad social, así como en electricidad, agua, hidrocarburos, Policía Nacional, educación, transporte y modernización del Estado. El Consejo Económico y Social fue convocado con el fin de articular un gran consenso nacional para impulsar esta agenda.
Cinco años después, es justo reconocer los avances. Según cifras oficiales, se simplificaron y digitalizaron más de 300 trámites públicos, con importantes reducciones en sus tiempos de respuesta. Asimismo, la reorganización estatal avanzó con 21 procesos de cambios institucionales, incluida la reciente fusión de los Ministerios de Hacienda y Economía.
Sin embargo, el balance global dista mucho de las expectativas creadas. La reforma tributaria fue presentada y retirada por el Ejecutivo, y sólo más tarde se aprobó una ley de alcance mucho más limitado. La reforma laboral sigue atrapada en el Congreso y la modificación de la seguridad social no encuentra puerto. La reforma policial volvió a la agenda luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la Ley de Aguas Sigue en lista de espera y, en el ámbito de los hidrocarburos, apenas se ha retomado la intención de revisar la legislación vigente.
¿Qué impidió el progreso en cada caso? ¿Dónde faltó determinación política y dónde los intereses sectoriales bloquearon el consenso? ¿Qué reformas vale la pena mantener y cuáles requieren repensarse? Ha pasado suficiente tiempo para evaluar los resultados y aprender de la experiencia antes de intentar abrir nuevos frentes de reforma.
