Para continuar, La suavidad de los correctivos por el alto índice de víctimas mortales. debido al uso de motocicletas, solo se prevería que con esta modalidad seguiría sufriendo los mayores accidentes de tráfico. Si las cifras muestran que las muertes en carretera en República Dominicana resulta en el 70% del usoCon casi total impunidad para el transporte sobre dos ruedas, este país se encuentra entre los que no están libres de epidemias en su movilidad.
Es comprensible y razonable dada la tendencia a la letalidad que existe, la propuesta de un dirigente sindical en el sector de vehículos de transporte paralizar por algún tiempo la importación de ciclomotores de baja cilindradaa. Una medida radical es apropiada si no hay otra manera eficiente de llenar el vacío de autoridad que tiene las calles como tierra de nadie y bajo una incidencia de accidentes con altos costos en vidas y recursos para el Estado y la sociedad responsable de los fallecidos.
De manera menos radical, se podrían establecer restricciones para que los intermediarios de este medio de transporte sólo distribuyan esta causa de muerte a quienes hayan obtenido previamente certificaciones oficiales de calidad moral y condiciones físicas y mentales adecuadas, de la misma manera que el Estado delega en el sector privado la función de recaudador.
Al menos para eso debería utilizarse el comando estatal, que debería incriminarse por fallas en el tránsito como ya lo hizo con los feminicidios. Remedio de caballo, por así decirlo, pero debe aparecer algo contundente. No cuente con el Digesett que No irá a ninguna parte con sus poderes actuales, número de agentes y medios de viaje. y enfrentar eficazmente a tantos enemigos motorizados de la convivencia.
Hay que tener en cuenta las formas prometedoras en que otras partes actúan ante esta calamidad. Estados que han mostrado empatía para oponerse a la anarquía vial dominante aquí. En Colombia, Paraguay, Argentina, Venezuela, Brasil, Tailandia, India, Malasia, Benin, Togo y Camboya, los gobiernos responden con acciones al clamor por reprimir el caos urbano. La República Dominicana no debería seguir mostrando la indulgencia que está costando tantas vidas y discapacidades.
