Si hubiera alguna duda sobre el progreso de la Caso Senasa 2.0, Ayer se esclareció con la detención de 28 personas, entre ellas varios profesionales de la salud, que hoy serán objeto de medidas coercitivas.
Sorprendido, el país se enteró en las primeras horas de la mañana de los allanamientos simultáneos que el Ministerio Público realizó en medio del silencio de la madrugada, tomando por sorpresa a los propios imputados.
Con esta incursión, que abarcó el Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, el MP materializó la advertencia emitida el 5 de febrero por el director de Persecución, Wilson Camacho, cuando la Corte de Apelaciones rechazó el pedido de variar la medida coercitiva contra Santiago Hazín, exdirector del SeNaSa, principal imputado en el caso.
En aquella ocasión Camacho dijo lo siguiente: “Muy pronto nos volveremos a encontrar hablando de la versión 2.0 de “Operación Cobra”, nombre con el que el órgano de fiscalía bautizó a la red de corrupción que habría desfalcado a la institución estatal con más de RD$16,000 millones.
los interrogatorios
Aún pasadas las 6:00 de la tarde, Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), junto a varios fiscales, continuaron los interrogatorios a los detenidos que aún se encontraban en la sede de la PGR, ya que, al finalizar las entrevistas, los imputados fueron trasladados en minibuses desde la institución hasta el penal de la sede judicial de Ciudad Nueva.
Si bien el MP se reservó los nombres de los imputados para el pedido de medida coercitiva, varios salieron a la luz a través de abogados que acudieron a representarlos y ofrecieron declaraciones a la prensa a su salida de la PGGR y de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La medida coercitiva es hoy.
Tras el impacto de las detenciones, la atención hoy se desplaza hacia el Juzgado de Ciudad Nueva, donde se espera que se conozcan las medidas coercitivas solicitadas por el MP contra los detenidos.
Senasa y Senasa 2.0
La investigación del caso Senasa apunta a una red que, según el Ministerio Público, se habría estructurado para la distorsión de procesos, la asignación de salarios y viáticos ilegítimos, el desvío de fondos a través de fundaciones y la ejecución de programas especiales sin respaldo legal.
Senasa 2.0 Se trata de una nueva etapa de acciones judiciales de la cúpula administrativa hacia la red de prestadores de servicios de salud (médicos, farmacias y centros de salud) que se dedicaban a cobrar duplicados de facturas del SeNaSa y emitir facturas por servicios o procedimientos médicos que nunca fueron realizados a pacientes.
También cobro por medicamentos no suministrados a los pacientes, entrega incompleta de tratamientos, venta de medicamentos donados y uso de exenciones fiscales irregulares.
Esposados, un grupo de acusados esperan ser interrogados
También se les acusa de alterar balances y registros contables para ocultar el desvío de recursos, uso indebido de salas del Instituto Regional de Oncología del Cibao para realizar cirugías estéticas privadas; y ocultación, robo de ficheros informáticos y manipulación de datos en plataformas de autorización médica para suprimir pruebas.
Total de acusados: 30
Con los nuevos 28 detenidos, los imputados en el caso SENASA suman 38.
Los primeros 10 Santiago Hazim, Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Lea Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
Siete de ellos se encuentran en prisión preventiva en los centros correccionales y de rehabilitación (CCR) de Las Parra y Najayo, respectivamente.
Órdenes de registro
Se trata del auto número 2026-AJ0080347, el cual fue emitido por Ana Lee Florimón, jueza suplente de los Juzgados Noveno a solicitud del titular del PEPCA el 15 de septiembre en trámite.
A través de él, ordenó allanamientos, tanto diurnos como nocturnos, en 35 residencias de personas investigadas, y la incautación de objetos, bienes y pruebas que tengan relación con el caso.
De las 35 residencias allanadas, cinco (5) pertenecen a la familia Guzmán Vargas: 4 ubicadas en Cotuí y una en Santo Domingo Este.
Los demás investigados cuyas residencias están incluidas en la orden de cateo son Einstein R. Borromé Vásquez, Juan H. Poueriet, Hanna R. Rodríguez Almánzar, Luz E. Reyes Durán de Ramírez, Edwin A. Batista Cruz, José L. Díaz Hernández, Griselda A. Basora Ramírez, Juan G. Rodríguez Ravelo, Martha M. Saldaña Saldaña, Elsa E. De La Rosa Vásquez, Engels F. Díaz Mendoza, Keila B. Acosta Leonardo, Laura A. Santana Evangelista, Víctor F. Rodríguez García, Wellington A. Ledesma Cáceres, Wander M. Díaz Encarnación, Yocaira A. Méndez Beltré.
Las residencias de Ray E. Mercedes Lugo, Steven Rabassa Fernández, Marcelino E. Figuereo, Eulalia F. Castro López, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Ynoa Olivero, Guillermo Diclo Garabito, Luis M. Tejada Moreno, Rafael M. Cabral González, María Batista Germán, Starky A. Rodríguez Nova y Rafael Messon Manzueta,
Además, se ordenó allanar las residencias de Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino y la de Lucreisy Polanco Núñez.
POSICIÓN DEL CMD
Gremio médico confía en la justicia
Supervisará el proceso
El Colegio Médico Dominicano (CMD) declaró ayer que respeta de manera “ilimitada” la independencia de la Justicia.
Indicó que investigar y establecer probables responsabilidades por los hechos denunciados es facultad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial.
“Nuestro centenario sindicato respeta irrestrictamente la independencia de la justicia y no apoya, promueve ni ampara ninguna violación de las leyes”, dijo el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, en un documento que firma junto al secretario general, Miossote Lazala.
Manifestó que el gremio se limitará a “sólo velar por que el proceso judicial se lleve a cabo con estricto apego a las leyes, observando el cumplimiento de las garantías constitucionales que protegen a todo ciudadano en el territorio nacional”, y confió en que la justicia actuará conforme a la verdad y el estado de derecho de los médicos imputados.
