El Ministerio Público lanzó, a través de la Dirección General de Persecución y Fiscalía de Santiago, Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y defraudar a los vecinos en Estados Unidos para obtener fondos con los que también cometieron el delito de lavado de dinero.
La operación XL526 permitió la detención de 20 personas, entre ellas cinco cabecillas y seis miembros de la red. Un grupo de 35 fiscales encabezó 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.
Las acciones se ejecutan con la colaboración de la Dirección del Área de Investigación de Delincuencia Organizada, y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los integrantes de la red atacada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a cometer estafas, chantajes y obtener fondos ilícitamente desde República Dominicana.
A través de sus acciones fraudulentas, la organización criminal recaudaba fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y lavado de capitales, con el fin de dar apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento ante las autoridades.
Otros ocho fueron detenidos para fines de investigación mientras el Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
Los integrantes de la red criminal serán puestos a disposición judicial en las próximas horas ante la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago por sus vínculos con la comisión de delitos y delitos de alta tecnología, asociación delictuosa, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
La organización del crimen organizado internacional tenía como base de operaciones el municipio Jacagua, provincia de Santiago.
La red estaba integrada por personas que hablan inglés y utilizan herramientas tecnológicas para realizar sus actividades ilícitas. Su modus operandi consistía en reclutar víctimas a través de anuncios, para posteriormente someterlas a extorsiones y chantajes, según un guion previamente estructurado por los líderes de la organización.
Los imputados, utilizando medios tecnológicos, se hicieron pasar por presuntos miembros de organizaciones criminales, como el llamado “Cártel de Sinaloa”, con el propósito de atemorizar e intimidar a las víctimas que exigían la entrega de dinero y a quienes les enviaban imágenes de horrendos crímenes como forma de amenaza.
Los fondos así obtenidos fueron canalizados posteriormente a través de diversos mecanismos de movilización, entre ellos el uso de criptomonedas -como Bitcoin-, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
Estas transacciones se realizaron, en la mayoría de los casos, a favor de terceros que la investigación ha identificado, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y ocultar su origen ilícito.
La exhibición de un estatus de bienestar económico por parte de los integrantes de la organización criminal fomentó la incorporación de nuevas personas, principalmente jóvenes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros y sus municipios aledaños.
Los imputados han utilizado mecanismos de intimidación y coerción que han generado graves efectos psicológicos en las víctimas, utilizando las amenazas como medio para provocar miedo, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en las víctimas directas como entre sus familiares, afectando significativamente su estabilidad personal y calidad de vida.
