Henry M. Rodríguez/América Latina21
Los gobiernos locales y nacionales de la región suelen presentar la reducción estadística de la criminalidad como una victoria absoluta sobre la dinámica criminal: resaltan las disminuciones porcentuales en las tasas de homicidios, hurtos o microtráfico como prueba irrefutable de una gestión institucional efectiva. Sin embargo, en las comunas, barrios y zonas periféricas más afectadas por la violencia, la percepción ciudadana no suele coincidir con las cifras optimistas de las oficinas gubernamentales. El control social ejercido por las pandillas organizadas y la dinámica de las economías ilícitas siguen siendo alarmantemente visibles, demostrando una capacidad de adaptación que desafía los informes oficiales.
En tal contexto, el evidente divorcio entre los datos de escritorio y la realidad fáctica de la calle plantea una pregunta elemental para el diseño de políticas públicas: ¿están las instituciones estatales midiendo lo que importa para el bienestar social, o simplemente están recompensando el cumplimiento ciego de objetivos numéricos? Este es el resultado de un modelo de gestión que prioriza la cifra medible por encima de la gobernanza criminal, el tejido social y la gobernanza institucional de largo plazo.
El meollo del problema: incentivos perversos y comportamiento institucional
La excesiva presión política para cumplir las metas establecidas termina transformando la medición estadística, que originalmente era un medio de diagnóstico, en un fin supremo de la actividad estatal. Bajo este imperativo burocrático, las unidades policiales y los comandos territoriales enfrentan un sistema de incentivos que distorsiona su desempeño operativo y doctrinal.
Como señala el Dr. Gabriel Ignacio Anitua en Criminología de la gestión y selectividad del sistema penal, entre las prácticas disfuncionales que se presentan con mayor regularidad está la priorización de capturas masivas de los eslabones más débiles del microtráfico, lo que satura el sistema penal e incrementa artificialmente las cifras de detenciones e incautaciones sin afectar en modo alguno la estructura financiera ni la resiliencia criminal del fenómeno.
En consecuencia, el aparato estatal prefiere desplegar operaciones reactivas y muy visibles en lugar de investigaciones complejas y de largo plazo, porque las operaciones mediáticas ofrecen titulares inmediatos a la opinión pública, mientras que los medios de comunicación ofrecen titulares inmediatos a la opinión pública.
Desmantelar redes de blanqueo de capitales requiere de perfiles especializados y tiempos largos que no se ajustan a la urgencia del calendario electoral.
Este tipo de dinámicas se explican en sociología a través de la Ley de Goodhart y la Ley de Campbell, que advierten que un indicador cuantitativo, cuando se convierte en objetivo de una política, pierde su valor informativo y corrompe los procesos sociales que pretende medir, lo que facilita escenarios de captura institucional por lógica puramente burocrática.
Perspectiva doctrinal: entre el administrador de mesa y el garante social
La introducción de modelos de gestión anglosajones en las fuerzas policiales latinoamericanas, inspirados en sistemas como CompStat y sus variantes locales, transfirió la lógica corporativa de las juntas directivas a las comisarías, exigiendo metas estrictas, juntas de control y reuniones verticales de rendición de cuentas, transición que ha generado un profundo cruce doctrinal sobre la naturaleza de la función de seguridad.
Según el catedrático de Derecho Francesc Guillén Lasierra, resulta cuestionable si el policía moderno debe actuar como un administrador encargado de rellenar casillas en una tabla de Excel o como un auténtico garante del tejido social, los derechos ciudadanos y el orden público. La fe ciega en los modelos algorítmicos y el análisis predictivo del crimen a menudo reproduce sesgos históricos y crea circuitos de retroalimentación automatizados que criminalizan sistemáticamente entornos marcados por la vulnerabilidad estructural.
El modelo de Gestión por Resultados, activamente impulsado por organismos multilaterales, ha sufrido una preocupante distorsión conceptual al implementarse en el sector de la seguridad. En lugar de fortalecer la gobernanza, genera presión vertical externa que altera la misión de las instituciones policiales. Una investigación realizada al respecto muestra que uniformados alertan sobre esta dinámica, que aseguran que asfixia la prevención y fomenta la proliferación de «micro resultados falsos» burocráticos: alteraciones silenciosas que, bajo la urgencia de disfrazar paneles de control, sacrifican profundamente la calidad del servicio ciudadano.
Asimismo, en el contexto norte de la región, la espectacularización de la caída de grandes líderes criminales, como la detención de capos de alto perfil en zonas exclusivas, suele presentarse como un indicador de éxito absoluto de los gabinetes de seguridad de cara a la proximidad de eventos internacionales como el Mundial de 2026. Sin embargo, el análisis técnico prospectivo muestra que estas acciones provocan sucesiones violentas internas entre facciones y disputas periféricas sobre rutas fluviales y mercados transnacionales de sustancias. sintéticos que empeoran las condiciones de seguridad en los territorios, lo que desmitifica la narrativa popular que equipara la captura individual con el desmantelamiento del crimen organizado.
Propuestas de política de Estado para una evaluación sistémica
Bajo esta premisa, es imperativo diseñar e implementar una hoja de ruta encaminada a una profunda reingeniería del sistema de evaluación de la seguridad pública en la región. En primer lugar, es necesario redefinir los objetivos institucionales, pasando de la medición de productos operativos (outputs), como el volumen bruto de capturas realizadas, hacia la evaluación de los impactos reales en el bienestar de los ciudadanos (outcomes).
Junto a esta modificación, en segundo lugar, se debe estructurar una medición basada en inteligencia criminal y análisis forense de redes, diseñando indicadores de impacto sistémico que midan el debilitamiento de las finanzas del crimen organizado y la trazabilidad de sus flujos de capital, en lugar de acumular detenciones menores de actores fácilmente reemplazables en el mercado ilícito. Para lograrlo, los gobiernos nacionales deben fortalecer las capacidades técnicas de sus unidades policiales utilizando como referencia los estándares internacionales brindados por los organismos globales en la materia.
En tercer lugar, la sostenibilidad de esta reforma requiere la creación de mecanismos de contrapeso y gobernanza para métricas que impidan la manipulación política de las cifras oficiales. Esto requiere el establecimiento de paneles mixtos de auditoría independiente compuestos por academia y organizaciones de la sociedad civil, modelo que garantiza la transparencia a través de la publicación obligatoria de guías metodológicas y series de datos desagregados, emulando las buenas prácticas desarrolladas por los observatorios técnicos de seguridad a nivel local (Observatorio de Bogotá).
Si la seguridad ciudadana continúa siendo evaluada únicamente a través de números simples y fácilmente producidos institucionalmente, las políticas de Estado seguirán privilegiando resultados cosméticos de corto plazo en detrimento de los cambios estructurales que América Latina requiere para consolidar el control civil legítimo y proteger eficazmente la dignidad humana.
