Con preocupación hemos observado algunos actos de agresiones contra agentes policiales, en su mayoría perpetrados por personas en conflicto con la ley, especialmente en materia de tránsito o ante acciones preventivas. Estos episodios reflejan la tensión constante entre quienes buscan evadir la justicia y quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana. Tales ataques constituyen una amenaza a la integridad física de los agentes y una falta de respeto a las instituciones; Es aquí donde surge la necesidad de reconocer la legítima defensa del policía como un derecho humano básico.
Nuestra policía se encuentra actualmente en un proceso de reformas encaminadas a la transparencia, el respeto a los derechos humanos, la proximidad y la modernización de su trabajo. En la actual administración, como hemos visto en las redes sociales, se insta a los policías a actuar con prudencia y con enfoque ciudadano, algo que aplaudimos, pero esto no debe limitarlos del derecho que tienen a responder proporcionalmente a las agresiones, ya que defenderse es un derecho protegido por nuestro actual código penal en su artículo 328, el cual desarrolla la legítima defensa como una causa de justificación que exime de responsabilidad penal a quien actúa para defenderse de una agresión injusta contra sí mismo o terceros, que se ejerce en escenarios donde no existe otro medio para proteger la vida, la integridad o los derechos de un ataque y más aún esta atenuante protege a quienes arriesgan su vida diariamente para cuidar a los demás. La reacción policial ante un ataque constituye un acto de supervivencia y cumplimiento del deber. Criticar el proceso de reforma policial, cuando un policía se defiende, es ignorarlo, ya que la transformación y modernización policial busca dotarlas de herramientas jurídicas y éticas para actuar con apego a la ley, cercanía y transparencia, por lo que cuando un policía se defiende, lejos de contradecir la esencia de la reforma, la reafirma, porque demuestra que la institución no permite malas prácticas internamente, no tolera la impunidad, el irrespeto a la institucionalidad y demuestra que sus integrantes están preparados para responder proporcionalmente a las amenazas. La modernización de la policía implica también reconocer que la autodefensa es parte esencial de su función, y que garantizar la seguridad de los agentes es también garantizar la seguridad pública.
Un instrumento fundamental para entender que se debe responder a los ataques es la pirámide del uso de la fuerza, que permite actuar con proporcionalidad. Establece que, ante un ciudadano cooperante, basta la presencia policial y el diálogo; Ante la resistencia física se aplican técnicas de control; y ante la agresividad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a dar una respuesta contundente, y pueden incluso llegar a utilizar fuerza letal cuando la amenaza escala a ese nivel. Dicho coloquialmente, esta pirámide permite a la policía neutralizar a los agresores con legitimidad y contundencia, sin caer en excesos ni arbitrariedades.
A autores les gusta Luis Felipe Guerrero Agripino y Adriana de Santiago Álvarez Destacan que el uso de la fuerza policial en respuesta a un ataque se enmarca en principios fundamentales. En este contexto, la sociedad y las ONG de Derechos Humanos deben actuar con igualdad y equidad, ya que, así como denuncian cuando puede ocurrir un uso desproporcionado de la fuerza, deben apoyar a los funcionarios agredidos, reconociendo que su respuesta proporcional es legítima y necesaria.
El respaldo social al derecho de los policías a defenderse de agresiones fortalece la confianza ciudadana en una institución que actúa con justicia, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. En esta confluencia de prudencia y firmeza, cercanía y respuesta proporcional, se consolida la institucionalidad que se sustenta en la confianza ciudadana y el respeto a sus autoridades. Así como la población tiene derecho a ser respetada y defenderse ante cualquier agresión, también lo tienen las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, quienes siguen siendo parte de esa misma ciudadanía. Reconocer su legítima defensa es reconocer que ellos, como miembros de la sociedad, merecen la misma protección y dignidad que exigen los demás ciudadanos.
