santiago. Las autoridades salud, regulatorio, sector farmacéutico y protección al consumidor, encendió alarmas sobre el comercio ilegal de medicamentos en el país debido a la proliferación de copias no autorizadas de medicamentos utilizados para bajar de peso, tipo GLP-1, y estimulantes sexuales, que serían comercializados libremente en establecimientos totalmente ajenos al sector salud, incluidas tiendas de accesorios para vehículos de “autodecoración”.
Durante el panel “Medicamentos Falsos, Riesgos Reales: Protegiendo la Salud de Nuestro Pueblo”, organizado por la Senadora de Santiago, expertos advirtieron que este mercado informal que comenzó hace décadas en el conocido establecimiento “Juan Medicina” de Moca, provincia de Espaillat, ha evolucionado y expandido peligrosamente por las vías del interior, afectando también a San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, entre otras localidades.
El cónclave organizado por la Senadora de Santiago se desarrolló en el Edificio Empresarial y contó con la moderación del senador por la provincia y médico, Daniel Rivera, y las palabras de bienvenida del presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Marcos Santana.
Daniel Rivera
En el diálogo participaron Marcos Balaguer, director general de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor, y Juan Madera, director ejecutivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).
Balaguer advirtió que, a pesar de los esfuerzos y logros conjuntos para mitigar la brecha en la comercialización de drogas ilícitas, las redes de contrabando y falsificación han encontrado nuevos nichos de mercado para explotar la alta demanda global de estos tratamientos.
Dijo que los medicamentos GLP-1, concebidos originalmente para el tratamiento de la diabetes, han experimentado un auge mundial debido a su eficacia para perder peso.
Esta situación, afirmó, ha provocado que ejemplares sin registro sanitario ni autorización de comercialización ingresen al país desde diversos destinos, incluyendo naciones con estrictos controles de vigilancia como Estados Unidos.
Eddy Alcántara
«Hemos detectado que incluso en las decoraciones de los vehículos se está vendiendo un medicamento», dijo Balaguer, preocupado por la vulnerabilidad a la que se exponen los ciudadanos al adquirir estos productos en el mercado negro.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, aclaró que, luego de diversas inspecciones, se determinó que los medicamentos que se venden en los llamados “puestos lista B” de Moca, provincia de Espaillat, no son falsificados, pero advirtió que estos comercios no cumplen con los requisitos de distanciamiento, pago de impuestos ni las condiciones sanitarias y regulatorias que la DIGEMAPS exige a las farmacias formales.
Manifestó que el mercado de drogas en el país requiere “voluntad y decisión política” para evitar irregularidades, al tiempo que instó a la población a convertirse en denunciantes ante cualquier anomalía en los precios o la calidad de los productos.
Por su parte, el senador Daniel Rivera alertó sobre el «efecto nocebo», donde las expectativas negativas o la confianza en falsos remedios terminan perjudicando la salud del paciente y recordó casos históricos de supuestas «curas milagrosas», como tratamientos alternativos para el VIH en décadas pasadas que costaron la vida a muchas personas.
Marcos Balaguer
Por su parte, Juan Madera, de Arapf, afirmó que, a pesar del desafío del comercio ilegal, República Dominicana ha logrado fortalecer significativamente su posicionamiento en el sector farmacéutico de la región, logrando salir de los rankings negativos en los que se encontraba en el pasado.
Destacó que el 25% de los medicamentos que se consumen en Centroamérica, en varios países de Sudamérica e incluso en Estados Unidos, son de producción dominicana, lo que posiciona al país como un exportador clave en la región.
Las autoridades insisten en que la lucha contra este flagelo, que afecta también a otros ámbitos del comercio, no puede recaer exclusivamente en el control estatal. Señalan que se requiere la integración de la sociedad civil para crear conciencia sobre el peligro de adquirir sustancias médicas de dudoso origen, cuya composición podría poner en riesgo inminente la vida de los consumidores.
