María Villarreal/Latinoamérica21
América Latina y el Caribe es una región que atraviesa múltiples transiciones. Si bien el término se ha utilizado sobre todo para hablar de transiciones hacia la democracia, hoy la noción va mucho más allá de lo político. Hablamos de transiciones energética, ecosocial, urbana y digital, entre otras, para enfatizar que el cambio no implica sólo nuevos recursos o tecnologías, sino también la transformación de los modelos de producción, los patrones de consumo y las visiones del mundo. En la región más desigual del planeta, una expresión que ha adquirido creciente notoriedad y urgencia es la de transición justa. Y el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza regional, según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En este contexto, cualquier proceso de cambio enfrenta un desafío central: que la transición no profundice las brechas históricas, sino que abra el camino hacia una transformación verdaderamente equitativa.
¿Por qué hablar hoy de transiciones justas?
La crisis climática a la que nos enfrentamos es también una crisis de desigualdad. Los superricos y las grandes corporaciones contribuyen desproporcionadamente al calentamiento global debido a sus altos niveles de emisiones y su poder económico y político, según un informe de Oxfam (2025). De hecho, el 86% del 0,1% de las personas más ricas del planeta residen en el Norte Global. Mientras que el cambio climático afecta principalmente a los países del Sur y a grupos tradicionalmente vulnerables como los pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres. Por tanto, la crisis climática actúa como multiplicador de las desigualdades.
Ante este escenario, urge articular conocimientos diversos y repensar la organización de nuestras sociedades dentro de límites planetarios. Aunque muchos sectores sostienen que la transición energética y el llamado capitalismo verde ofrecerían una solución integral, lo cierto es que, bajo estas etiquetas, gobiernos y empresas, especialmente en el Norte Global, están impulsando una nueva carrera por las tierras raras, los minerales estratégicos y las energías renovables para producir baterías, vehículos eléctricos y suministrar tecnologías como la inteligencia artificial.
Sin embargo, la paradoja es evidente: la fabricación de estas soluciones “verdes” requiere enormes cantidades de energía y minerales extraídos en el Sur Global, lo que intensifica los impactos y conflictos socioambientales, al tiempo que reproduce dependencias históricas. Lejos de superar las asimetrías, las actuales propuestas de transición energética, a medida que se están implementando, tienden a profundizar las desigualdades y consolidar nuevas formas de colonialismo verde.
En un contexto de tensiones geopolíticas y competencia por recursos estratégicos, América Latina, rica en litio, petróleo, cobre y tierras raras, se convierte en un territorio de disputa entre grandes potencias, además de reafirmar su inserción periférica como exportadora de recursos naturales a China y Estados Unidos. Premonitoria, la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el control de las reservas petroleras del país, en flagrante violación de la Carta de la ONU y del derecho internacional, sienta un precedente preocupante para la región.
Por otro lado, a pesar de los graves efectos de la crisis climática, persisten el negacionismo, la desinformación y diversos esfuerzos encaminados a retrasar o impedir la adopción de medidas efectivas contra el calentamiento global. La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y los procesos de desregulación ambiental y climática impulsados por países como India, Argentina o Ecuador ponen en riesgo los avances ecológicos logrados en las últimas décadas. Para evitar una catástrofe mayor, es fundamental promover una transición hacia un modelo económico, político y social verdaderamente sostenible.
Implicaciones de una transición justa en América Latina y el Caribe
El concepto de “transición justa” está en deuda con las luchas del movimiento sindical y surgió en la década de 1980, cuando los sindicatos estadounidenses de industrias dependientes de combustibles fósiles lo utilizaron para defender a los trabajadores que se estaban viendo afectados o perdiendo sus empleos debido a nuevas regulaciones ambientales. La noción enfatiza la necesidad de considerar quién gana y quién pierde en un proceso de transición, así como cuáles son los beneficios e impactos negativos que genera este proceso.
En los últimos años, el concepto ha adquirido centralidad en el debate climático global, destacando que el camino hacia la descarbonización debe poner en el centro a toda la sociedad: comunidades, trabajadores y grupos históricamente vulnerables. Aunque su interpretación varía según el país o la región, el principio es claro: ningún proceso de transformación será legítimo si deja atrás a sectores enteros.
En América Latina y el Caribe, abordar la crisis climática y completar la transición hacia una economía sostenible y baja en carbono requerirá inversiones anuales de entre 470.000 millones y 1,3 billones de dólares (equivalentes a entre el 7% y el 19% del PIB regional) en infraestructura y gasto social, lo que tendrá profundas implicaciones económicas y sociales. Entre otros efectos, supondrá el cierre de empresas vinculadas a los combustibles fósiles, cambios geográficos en los patrones de producción y pérdida de empleo en algunos sectores, al tiempo que generará nuevas oportunidades en áreas como las energías renovables. Asimismo, requerirá mayores niveles de formación y el desarrollo de nuevas habilidades por parte de los trabajadores.
El abandono de los combustibles fósiles también tendrá efectos en la infraestructura y los sistemas de producción regionales, así como en el costo de vida, debido al posible aumento de los precios de los alimentos y el transporte. Al mismo tiempo, reducirá los ingresos fiscales disponibles para financiar inversiones sociales, lo que plantea desafíos adicionales para los Estados.
En este contexto, los países de la región deben garantizar que estos procesos se planifiquen de manera adecuada, participativa y justa, y que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Al mismo tiempo, es clave prevenir sus impactos negativos y adoptar medidas para mitigarlos y compensarlos a través de políticas de protección social, redistribución y empleo, especialmente dirigidas a hogares de menores ingresos y grupos históricamente marginados.
Lejos de ser sólo un ideal, hay propuestas concretas que han surgido en América Latina y el Caribe. Uno de ellos es el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que sostiene que una verdadera transición no debe ser únicamente energética o tecnológica, sino una transformación integral del régimen socioecológico que busque garantizar condiciones de vida dignas, poniendo en el centro la justicia social y la lucha contra las desigualdades. Sin esto, la transición no sólo será incompleta sino también ineficaz.
Politólogo. Profesor de Relaciones Internacionales y del Programa de Posgrado en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y Sociedad (CPDA) de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro (UFRRJ). Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid.
