El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó una indemnización de cinco mil millones de pesos a favor del Estado dominicano, al reconocer que los actos de corrupción en los que incurrieron los altos mandos militares del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) causaron daños civiles, reputacionales y morales al Estado, por los cuales deben ser indemnizados.
“Esta sentencia es significativa, ejemplar y, sobre todo, histórica”dijo José Alberto Ortiz, del Equipo de Recuperación de Activos Públicos (ERPP), señalando que es la primera vez que un mando militar en activo es condenado en los tribunales de la República por hechos cometidos durante el ejercicio de una función pública.
Al resaltar la decisión emitida por los jueces que integran el Primer Tribunal Colegiado, Ortiz, quien estuvo acompañado por Rafael Rivas, uno de los coordinadores del ERPP, y el abogado Alberto Caamaño, enfatizó que este “Es la indemnización más alta que se ha otorgado a favor de una víctima en un caso de corrupción pública”.
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Agregó que la decisión, cuya lectura completa está prevista para el 14 de agosto, representa un hito concreto en materia de corrupción públicapor reconocer al Estado dominicano como víctima directa de graves daños patrimoniales, institucionales y morales.
“Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional, reconocieron el daño que sufrió la institución del Presidente de la República, reconocieron el daño que sufrió el turismo dominicano, a través de la Policía Turística, y, sobre todo, son cinco mil millones que regresarán a las arcas del pueblo dominicano, como prometió el presidente Luis Abinader al contratar este equipo de abogados”, enfatizó.
El ERPP sostuvo que esta compensación no debe verse como una cifra abstracta, sino como una herramienta de reparación social. “Los fondos recuperados por el Estado pertenecen al pueblo dominicano y deben traducirse en obras, servicios públicos, fortalecimiento institucional y garantías de no repetición”, afirmó.
Asimismo, el equipo valoró el trabajo del Ministerio Público, los órganos de investigación, los peritos, testigos y abogados del Estado que participaron en el proceso, así como la independencia del tribunal para emitir una decisión con base en las pruebas producidas durante el juicio.
El ERPP también agregó que dará seguimiento a las fases posteriores del proceso, incluyendo los recursos que puedan interponerse, así como las acciones necesarias para hacer efectiva la compensación reconocida a favor del Estado.
