Mi padre decía: “La honestidad abre puertas”. Practicó lo que predicaba y sí, lo recuerdo por su honestidad. Era digno de confianza y así hablaban siempre sus contemporáneos.
Traigo el tema porque es preocupante el retrato que ha dejado nuestra sociedad esta semana. Son noticias que, aunque no tienen relación, acaban produciendo la misma sensación: algo está pasando con los límites que debería ayudarnos a convivir.
El caso Senasa es uno de ellos. La nueva fase de la investigación condujo a la detención de médicos, prestadores de servicios y otras personas vinculadas al sector salud. El Ministerio Público sostiene que se había producido un fraude contra la aseguradora estatal por unos RD$15,000 millones. Estas son acusaciones que deben ser probadas ante los tribunales, pero la magnitud de lo que se está investigando es impactante. Estamos hablando de recursos destinados a la salud pública.
El Inabie también informó la suspensión de 14 proveedores tras detectar irregularidades en nuevas inspecciones a proveedores de desayunos y almuerzos escolares: cocinas que no pudieron ser ubicadas, diferencias entre la capacidad declarada y comprobada y deficiencias sanitarias, entre otras.
Y entonces aparece la noticia de la violencia, que nos enfrenta a otro límite: el valor de la vida.
Hasta el 23 de septiembre se habían registrado 27 muertes en intervenciones policiales, según una encuesta publicada por Diario Libre. Cada caso debe ser investigado y resuelto conforme a la ley. Pero no podemos asumir la muerte como una consecuencia inevitable de la lucha contra el crimen.
El lunes recibimos otra dolorosa noticia: Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista Julián Oro Duro, murió durante un ataque en su residencia. El músico resultó herido y permanece hospitalizado.
No debemos mezclar todas estas noticias ni atribuirlas a la misma causa. Pero sí nos obligan a mirar más profundamente y preguntarnos: ¿qué pasa cuando una sociedad comienza a perder sus límites?
El límite que nos dice que el dinero público no es de quien lo administra. La que nos recuerda que la contratación pública no es una oportunidad para favorecer intereses particulares. El cual establece que ser perseguido por un delito no significa perder el derecho a la vida y al debido proceso. La que impide que la violencia se convierta en una forma cotidiana de resolver conflictos.
La ética comienza precisamente donde aparece la posibilidad de hacer algo mal y decidimos no hacerlo.
No basta con exigir honestidad. La corrupción no se combate sólo con los fiscales, la policía, las auditorías y los tribunales. También se combate formando ciudadanos capaces de decir “no” cuando una ventaja personal exige pasar por encima de los demás.
Por eso, aunque esta noticia provoque indignación, no quiero caer en la simplificación de hablar de una sociedad perdida.
Todavía hay personas que cumplen con su deber, aunque nadie las vigile. Hay servidores públicos honestos, empresarios que respetan las reglas, policías que arriesgan sus vidas protegiendo a otros, maestros que enseñan valores y familias que continúan diciéndoles a sus hijos que lo correcto no siempre es lo más fácil. Quizás el desafío sea recuperar esos límites y hacerlos respetar.
Una sociedad no se deteriora sólo cuando aumentan los delitos o aparecen casos importantes de corrupción. Se deteriora cuando empezamos a considerarlos como algo cotidiano. No todo está perdido. Pero no podemos permanecer indiferentes. La honestidad, la dignidad y la vida no son negociables.
