Por Hugo Borsani
La corrupción es una constante en la mayoría de los países latinoamericanos. Independientemente de las ideologías y la alternancia de partidos, la corrupción ha seguido siendo persistente en gran parte de la región y en muchos casos incluso ha aumentado. Entre 2014 y 2024, solo cinco países de la región -Uruguay, Costa Rica, Colombia, Argentina y República Dominicana- registraron una mejora en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. En Paraguay el índice no cambia, mientras que en el resto de los 14 países aumentó la percepción de corrupción. El abuso de poder a gran escala por parte de altos funcionarios gubernamentales, burocracias públicas y grandes empresas privadas contribuye a socavar la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en todas las instituciones democráticas.
Cómo se expresa la corrupción
La corrupción en América Latina adopta múltiples formas y se manifiesta en diferentes niveles de la vida política, económica y social. En su expresión más visible y de mayor impacto están los grandes esquemas de corrupción que involucran a altas autoridades del Estado y grandes empresas privadas. Casos como el de la constructora Odebrecht, cuyas prácticas ilícitas se extendieron a varios países de la región y salieron a la luz entre 2014 y 2016, revelaron la existencia de redes transnacionales de soborno y financiamiento ilegal de la política. De manera similar, escándalos como el “Mensalão” y la Operación “Lava Jato” en Brasil expusieron la profundidad de estos complots y su capacidad para atravesar gobiernos y partidos políticos, comprometiendo gravemente la credibilidad de las instituciones democráticas.
Una de las áreas más sensibles en las que se expresa esta dinámica es la financiación de las campañas electorales. La falta de regulaciones claras, transparencia y controles efectivos ha convertido el financiamiento político en una puerta de entrada privilegiada para la corrupción. Como resultado, los procesos electorales tienden a producir gobiernos condicionados por intereses privados que, una vez en el poder, buscan recuperar su inversión a través de favores legislativos, asignaciones presupuestarias o decisiones regulatorias, debilitando así la representación democrática.
Sin embargo, la corrupción no se limita a estos grandes escándalos. También se manifiesta en prácticas cotidianas que afectan directamente la relación entre los ciudadanos y el Estado. El pago de sobornos para acceder a servicios públicos, acelerar trámites o ejercer derechos que deberían estar universalmente garantizados contribuye a normalizar la ilegalidad y erosiona constantemente la confianza en las instituciones públicas.
Al mismo tiempo, la corrupción en América Latina trasciende el nivel estatal y se extiende al sector privado. La evasión fiscal, las estafas al consumidor y otras prácticas fraudulentas son comunes y generan graves costos sociales. Además, el avance del narcotráfico ha profundizado estas dinámicas, promoviendo la corrupción en diferentes niveles del Estado y la sociedad, reforzando un círculo vicioso que socava la legalidad y la legitimidad institucional.
Deslegitimación de la democracia
Si bien la corrupción no es exclusiva del ámbito político, cuando involucra a políticos, miembros de gobiernos o funcionarios públicos, el impacto en la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas entre la población es mayor. La persistencia de altos niveles de corrupción en el Estado es un indicador de fallas importantes en los mecanismos de control entre instituciones estatales, es decir, de la llamada rendición de cuentas interinstitucional, dimensión fundamental para el buen funcionamiento de la democracia liberal y representativa. Sin órganos de control e instituciones con capacidad efectiva para investigar y sancionar la corrupción, la calidad de la democracia se ve seriamente afectada.
La fragilidad o ineficiencia de las instituciones y órganos de control se manifiesta también en sanciones insuficientes, retrasos en los tiempos institucionales para la aplicación de las sanciones correspondientes y, en muchos casos, su ausencia. Esto, sin duda, contribuye a generar un sentimiento de impunidad y funciona como estímulo para la repetición de prácticas corruptas.
La persistencia de la corrupción, y las dificultades para sancionar a los responsables de manera ejemplar y efectiva, ha influido en la pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos y liderazgos políticos tradicionales, e incluso en el propio sistema democrático, impulsando el apoyo electoral a los partidos y líderes populistas. A principios de siglo tenían un perfil de izquierda (el llamado socialismo del siglo XXI), pero actualmente asumen un claro perfil de extrema derecha. Se trata de movimientos y líderes críticos, no sólo de los grupos políticos tradicionales, sino también, en mayor o menor medida, de las instituciones democráticas tradicionales, especialmente las instituciones de control y rendición de cuentas políticas, como el Poder Judicial, los fiscales o los contralores, entre otros.
Estos partidos y líderes populistas llegan al poder, en la mayoría de los casos, con la promesa de poner fin a la corrupción heredada de la “política tradicional”. Sin embargo, una vez en el gobierno tienden a desmantelar o cooptar los órganos e instituciones de control. Un ejemplo de ello fueron los gobiernos de Morales en Bolivia, o el gobierno del expresidente Bolsonaro en Brasil. Este último desmanteló la red existente de organizaciones anticorrupción porque, según él, no había corrupción en su gobierno.
Con la cooptación o limitación de instituciones y órganos de control, los gobiernos populistas tienen menos obstáculos para desarrollar prácticas corruptas. Y en el contexto de un régimen democrático erosionado, la dificultad para las instituciones de sancionar a los responsables es mayor.
La correlación entre corrupción y desigualdad
Las sociedades marcadas por la desigualdad social y económica son más vulnerables a la corrupción y, al mismo tiempo, aumenta esas mismas desigualdades. No es casualidad que América Latina sea considerada la región más desigual del mundo: según el informe de Oxfam para América Latina y el Caribe Riqueza sin control, democracia en riesgo. Por qué América Latina y el Caribe necesita un nuevo pacto fiscal, el 1% de la población concentra alrededor del 45% de la riqueza regional, en un contexto de persistentes altos niveles de corrupción.
La corrupción profundiza la desigualdad porque da a los corruptos una mayor capacidad para influir en las decisiones gubernamentales y los cambios en la legislación con el objetivo de beneficiarse. Esto da lugar a democracias capturadas por intereses particulares y con resultados menos eficientes para la población en su conjunto, lo que a su vez contribuye a debilitar la confianza en la democracia como un sistema capaz de satisfacer, al menos de manera básica, las necesidades y expectativas de los ciudadanos.
La otra cara de este fenómeno es caso de uruguay. El país latinoamericano con menor percepción de corrupción, según Transparencia Internacional, es también el que tiene menor grado de desigualdad en la región y la única democracia plena en América Latina, según el índice de The Economist. Y es, junto con Argentina, uno de los dos países con mayor apoyo a la democracia en la región: el 70% de los uruguayos expresa su apoyo a la democracia, frente a un promedio regional del 52% según el Latinobarómetro.
El corolario parece claro, aunque sin duda difícil de ejecutar: la reducción de la corrupción requiere el fortalecimiento de las instituciones y órganos de control, acompañado de una disminución de la desigualdad social.
