Por Jesús Tovar y Jerónimo Giorgi
El experimento peruano
Perú ha tenido ocho presidentes en diez años. Ninguno de los elegidos en las urnas ha logrado finalizar su mandato. El Congreso, la institución más desacreditada del país (con un 93% de desaprobación), se ha convertido en el verdadero centro del poder. Y mientras la política es un ring de boxeo sin árbitro, la economía crece por encima del promedio regional. Esta explosiva combinación (caos político y estabilidad macroeconómica) no es una coincidencia. Es el combustible de un proyecto que busca instalar en el Perú algo inédito en el mundo: un autoritarismo de origen parlamentario.
No habrá golpe de Estado ni cierre del Congreso. Se trata de utilizar las instituciones democráticas para hacerlas irreconocibles: habrá elecciones, partidos y debates, pero el poder real se concentrará en una coalición de partidos que, desde el Legislativo, han captado todos los contrapesos del Estado. El Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia… casi todo ha pasado a estar controlado por un grupo de partidos que también han protegido su propia impunidad.
La década que lo cambió todo
Perú no llegó a este punto de la noche a la mañana. La crisis actual tiene fecha de inicio: 2016. Ese año, Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia por un estrecho margen, pero en el Congreso el fujimorismo obtuvo la mayoría absoluta. Lo que siguió no fue una simple disputa entre potencias, sino una guerra de aniquilación. El Congreso utilizó todos los mecanismos a su disposición para bloquear al gobierno, hasta que Kuczynski renunció en 2018.
Le siguieron Martín Vizcarra (desocupado en 2020), Manuel Merino (cinco días en el poder), Francisco Sagasti (presidente de transición) y, finalmente, la elección de Pedro Castillo en 2021. La victoria del maestro rural fue un terremoto político que tomó por sorpresa a todo el establishment. Demostró que, en un contexto de extrema fragmentación, el voto popular podía escapar del control de las elites tradicionales.
Esa lección no pasó desapercibida para la coalición de partidos que, aunque opuestos entre sí, compartían el objetivo común de mantener el control del Estado. Entendieron que podían mantener el poder incluso sin apoyo popular, siempre y cuando lograran concentrar suficientes poderes en la Legislatura para neutralizar al Ejecutivo.
El fallido autogolpe de Castillo, el 7 de diciembre de 2022, fue el catalizador perfecto. Detenido cuando intentaba huir, fue inmediatamente desalojado por el Congreso. Pero la coalición no se conformó con reemplazarlo: aprovechó el momento para acelerar reformas constitucionales que limitarían al Ejecutivo, blindarían al Congreso y designarían autoridades afines en organismos autónomos.
El pacto y la captura institucional
La sucesión de Dina Boluarte y la continuidad de la coalición parlamentaria -conocida en la prensa como el «pacto mafioso» integrada por ocho partidos: Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular y Avanza País- demostraron que el centro de gravedad del poder se había desplazado definitivamente hacia el Legislativo.
Este «pacto» no busca implementar un programa de gobierno, sino garantizar la impunidad de sus miembros. Y para ello han utilizado sus poderes para controlar los contrapesos institucionales: nombramiento de jueces de la Corte Constitucional en procesos opacos, elección de un Defensor del Pueblo con conflictos de intereses, reducción de la autonomía de la Junta Nacional de Justicia y destitución de fiscales clave que lideraron investigaciones de alto perfil.
La paradoja peruana
Aquí surge la pregunta del millón: si la política es un desastre, ¿por qué no se ha derrumbado la economía? Entre 2016 y 2025, el PIB peruano solo cayó en 2020 (debido a la pandemia) y en 2023 (debido a El Niño). En 2025 creció un 3,2%, una de las cifras más altas de la región.
La respuesta tiene varios ingredientes. Primero, el Banco Central de Reserva y su presidente, Julio Velarde, veinte años de mandato, ratificados por diez presidentes diferentes. Su autonomía ha mantenido la inflación bajo control. En segundo lugar, el superciclo de los precios de los metales: Perú vive del cobre y los precios internacionales se mantuvieron altos impulsados por la demanda china. En tercer lugar, la inversión extranjera, especialmente china, con megaproyectos como el puerto de Chancay. Cuarto, y quizás el más importante, la informalidad: el 75% de los trabajadores peruanos son informales, lo que ha funcionado como un amortiguador social.
Esta combinación ha creado un «desacople» entre economía y política. Y ese desacoplamiento es el mejor aliado de la coalición autoritaria. Puede gobernar mal, puede ser corrupto, puede capturar instituciones, pero mientras la macroeconomía se sostenga, el castigo electoral no será inmediato.
El plan maestro
La pieza central de esta arquitectura es el retorno a la bicameralidad a través de una reforma promulgada en marzo de 2024, que modificó 53 artículos de la Constitución y entrará en vigor después de las elecciones del 12 de abril de 2026. Pero la nueva configuración no restablece el equilibrio del pasado: crea un Senado con poderes hipertrofiados, un «Super Senado» que no puede ser disuelto por el presidente y que tiene la última palabra en la aprobación de las leyes, sin un mecanismo de reenvío o comisión de conciliación. El jefe del Poder Ejecutivo queda reducido a una figura decorativa, mientras que el poder real se ejerce desde el Parlamento.
La función más crítica del Senado radica en su poder exclusivo de nombrar a los jefes de los órganos autónomos clave: Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional, Contralor, miembros de la Junta Directiva del Banco Central, Superintendente Bancario y miembros de la Junta Nacional de Justicia. En la práctica, la coalición que controle el Senado controlará todo el aparato del Estado.
Al mismo tiempo, la misma coalición ha modificado las reglas electorales: redujo los requisitos para el registro de nuevos partidos (se presentan 36 candidatos presidenciales para las elecciones de 2026), reintrodujo la reelección inmediata de los congresistas (alrededor del 70% de los actuales se postulan para la reelección) y aprobó leyes que buscan otorgar impunidad a sus miembros.
Con 36 candidatos presidenciales, es muy probable que ninguna candidatura obtenga la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta. En este escenario, la clave del poder político se centra en la elección de senadores. Cualquier presidente que sea elegido lo hará sin bancada propia en el Senado. La vacancia presidencial por «incapacidad moral» seguirá siendo la espada de Damocles.
Las grietas del proyecto
Ningún proyecto político, por perfecto que parezca sobre el papel, está libre de fracturas. El «pacto mafioso» no es un monolito. Hay ocho partidos con intereses y liderazgos diferentes, a menudo contradictorios.
La imprevisibilidad del electorado es otra grieta. Con un Congreso que cuenta con un 93% de desaprobación, el “voto de castigo” puede paradójicamente concentrarse en figuras externas que prometen “limpiar la casa”, como ocurrió con Alberto Fujimori en 1990 o Pedro Castillo en 2021.
Tampoco se puede descartar el riesgo de estallido social. Las masivas movilizaciones que forzaron la dimisión de Manuel Merino en 2020 y las protestas tras la toma de posesión de Dina Boluarte, que dejaron decenas de muertos, son un recordatorio de que la tolerancia social tiene límites.
Conclusión
Perú no camina hacia una dictadura clásica, con tanques y toques de queda. Se dirige hacia algo más sutil y, tal vez, más perverso: un régimen que mantiene las formas democráticas pero vacía su contenido. Un autoritarismo ejercido no por un líder, sino por una coalición de partidos que, desde el Senado, controlarán todas las palancas del Estado.
Jesús Tovar es profesor e investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX).
