SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En respuesta a la solicitud del Ministerio Público, el Juzgado Primero de Instrucción del Distrito Nacional ratificó una vez más la prisión preventiva, como medida de coerción, impuesta a Ángel Luis Guzmán Vásquez, vinculado a la red de corrupción que robó miles de millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
el fiscal litigante Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, dijo que el juez confirmó la prisión preventiva teniendo en cuenta que los presupuestos que dieron origen a su imposición no han cambiado.
“Esta decisión es importante porque se considera que el caso aún es grave y aún se mantienen las condiciones que llevaron a este imputado a estar en prisión preventiva”, explicó Ramírez a los periodistas que se acercaron a él a su salida del tribunal tras la ratificación de la medida conocida el viernes.
El juez Raymundo Mejía fijó la próxima revisión obligatoria de la medida coercitiva en tres meses.
A finales de abril pasado, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) detuvo a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del SeNaSa, del 8 de marzo de 2021 al 1 de noviembre de 2022, cuando intentaba salir de República Dominicana con destino a Boston, Estados Unidos, sin tener boleto de regreso al país.
En el proceso, Guzmán Vásquez fue condenado a prisión preventiva por 18 meses, lo que fue confirmado posteriormente en julio pasado.
El imputado está vinculado con autorizaciones irregulares de procedimientos y consultas médicas como parte de la red criminal que defraudó al SeNaSa mediante el uso de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para obtener montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones fraudulentas de servicios solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, que suman 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.
El proceso judicial por actos de corrupción
En septiembre pasado, tras el lanzamiento de la Operación Cobra 2.0, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional también impuso arresto preventivo y domiciliario, así como garantías económicas a los demás involucrados, incluido el personal médico. Las medidas privan de libertad a 24 acusados.
Se impuso prisión preventiva a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra. Asimismo, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la medida coercitiva en el CCR Najayo Mujeres, por 18 meses.
La revisión obligatoria de la medida coercitiva quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Se impuso arresto domiciliario a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Además, se impuso garantía financiera de 2 millones de pesos, a través de una compañía de seguros, prevención de salida y arresto domiciliario en contra de Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Mientras tanto, Martha María Saldaña Saldaña recibió una garantía financiera de tres millones de pesos a través de una compañía de seguros, prohibición de salir del país y arresto domiciliario.
Asimismo, se impuso garantía financiera de un millón de pesos a través de sociedad, impedimento de salida y presentación periódica a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Respecto al SeNaSa, el Ministerio Público detuvo el año pasado con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez, quienes cumplen con diferentes medidas. de coerción.
Con el procesamiento de los imputados, el Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
Durante el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido reunir evidencia de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trató de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas por ser parte de la estructura que abusó de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
En el caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acología, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupaba la Vicepresidencia. y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa del directorio que administra el Instituto Regional del Cáncer del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
