El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional otorgó este viernes una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar cargos contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otras personas vinculadas a la red de corrupción que desfalcó miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
el abogado del tribunal mirna ortiztitular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (pepa), dijo: “Como todos saben, nuestras investigaciones están vivas, nuestras investigaciones están activas y no se limitan a los imputados que comparecieron en la medida coercitiva”.
“Entonces esperemos que se presente la acusación y luego verán el alcance de la misma”, agregó Ortiz, al responder preguntas de la prensa sobre el avance de las investigaciones.
“Seguimos trabajando y tengan la seguridad de que estaremos presentando los casos como siempre lo hemos hecho”, afirmó.
Según lo solicitado por el Ministerio Público, el tribunal también rechazó el pedido de algunas barras de la defensa y decidió mantener la prisión preventiva como medida de coerción contra los imputados en este proceso.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, determinó que la prórroga está justificada y la estableció hasta el 11 de diciembre.
El juez fijó la lectura íntegra de la decisión para el 25 de septiembre.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Fiscalía del Ministerio Público, y la procuradora Mirna Ortiz, así como el procurador Héctor García y las fiscales litigantes Rosa Alba García y Yudelka Holguín.
La solicitud de prórroga, que fue interpuesta por el órgano fiscal el pasado 10 de agosto, fue presentada ante el tribunal por la fiscal Rosa Alba García, quien estableció ante el juez que este caso tiene varias líneas de investigación.
Una de las líneas de investigación tiene que ver con la custodia y almacenamiento de documentos de una empresa privada que obstaculizó la continuidad de la investigación, “por lo que el Ministerio Público tuvo que solicitar orden de allanamiento y búsqueda de aproximadamente 15 mil cajas de documentos”.
El Ministerio Público reiteró que la prórroga le permitirá continuar ampliando la investigación por hechos de corrupción en el SeNaSa.
El plazo fue solicitado debido a los cientos de miles de operaciones que hay que analizar, el número de investigados y la gravedad de los hechos.
El proceso penal
El pasado 5 de agosto, el Juzgado Séptimo de Instrucción del Distrito Nacional ratificó una vez más la prisión preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y líder de la red de corrupción, así como a otras personas vinculadas al caso.
El cumplimiento de la coacción de 18 meses de prisión preventiva fue impuesta en diciembre del año pasado a Hazim Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Asimismo, la misma medida fue impuesta a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario, luego de que el 16 de julio se variara la coacción por motivos de salud.
También continúa el proceso judicial, iniciado con la Operación Cobra, contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes también se les impusieron medidas coercitivas en diciembre pasado, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimentos de salida del país.
En el caso también está procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional también ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta en mayo pasado.
La red criminal fue desmantelada con la Operación Cobra, iniciando posteriormente el Ministerio Público la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso de dinero sustraído del patrimonio público.
Con su accionar, los imputados afectaron a los integrantes del SeNaSa, al defraudar a esa administradora de riesgos de salud pública (ARS) en miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
