El proceso judicial por el derrumbe del techo del discoteca Jet Set ha dado un giro dogmático que redefine las fronteras del derecho penal dominicano. La decisión de variar la clasificación jurídica de homicidio involuntario a homicidio voluntario, bajo la modalidad de dolo eventual, pone en escena una discusión jurídica de alta intensidad: ¿Puede el afán de lucro de un empresario convertirse en causa directa de un delito doloso?
Ante un escenario devastador que dejó un trágico saldo de 236 muertes, El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional asume la responsabilidad histórica de dictar una sentencia justa que equilibre el rigor técnico con la reparación social.
La tesis de la acusación es tan severa como lógica. Sostiene que el afán de lucro no operó como un simple deseo comercial, sino como motivo determinante para la aceptación consciente del riesgo, sustentado en un frío cálculo matemático. Según las auditorías forenses presentadas por el Ministerio Público, una sola noche de alta asistencia –como el tradicional “lunes del Jet Set”– generó una ganancia neta líquida de entre RD$ 1.2 y RD$ 1.6 millones de pesos, combinando taquilla y alto consumo de bebidas de alta gama.
Para corregir la falla de raíz de un techo que sumó 37,5 centímetros de multas acumuladas, el establecimiento requirió un cierre total de operaciones por un mínimo de tres meses. Esto implicó un impacto por lucro cesante de más de RD$30.0 millones. Desde la perspectiva acusatoria, los propietarios prefirieron evitar esta pérdida millonaria, eligiendo conscientemente mantener activa la maquinaria de facturación sabiendo que la estructura estaba al borde del colapso. Es allí donde el lucro se convierte en criminal indiferencia; El negocio no podía parar y, bajo esa premisa, se decidió que, si ocurría la tragedia, que ocurriera.
Por otro lado, la defensa articula su estrategia arraigada en la dogmática tradicional y la irretroactividad de la norma penal sustantiva. Aunque la República Dominicana hoy tiene la Ley 74-25los hechos deben juzgarse dentro de los límites del antiguo código. La defensa argumenta que vincular ganancias a un eventual fraude desnaturaliza la actividad comercial, donde la negligencia o la «culpa consciente» -pensar irresponsablemente que la estructura resistiría- no equivale a aceptar o desear la muerte de la clientela, un resultado que destruye comercialmente el negocio mismo. Es aquí donde el precedente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se convierte en la brújula del debate. La jurisprudencia ha sido categórica al delimitar la frontera entre culpa con representación y eventual dolo.
Para el alto tribunal, el fraude pretoriano requiere la acreditación del elemento volitivo: una alta probabilidad de un desenlace fatal integrada y tolerada internamente por el sujeto activo, no una mera posibilidad casual. La SCJ advierte que en los delitos de omisión no se presume dolo; requiere evidencia confiable de que los administradores tenían opiniones técnicas definitivas sobre un colapso inminente y prefirieron ignorarlas.
Más allá del debate entre juristas, el caso Jet Set es una herida abierta en el corazón de la sociedad dominicana. El inicio del nuevo juicio sustantivo, el 10 de diciembre, representa la última trinchera para 236 familias que exigen una respuesta judicial proporcional al dolor infligido. Una sentencia justa no puede ser el resultado de un clamor popular excesivo, pero tampoco puede ser producto de un tecnicismo que ignore la imprudencia corporativa. El tribunal tiene el desafío de sentar un precedente.
