Este jueves fue postergada la audiencia de inicio del juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Hugo Arroz; José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros procesados en el Operación Camaleónacusado de presunta comisión de delitos de corrupción administrativa y delincuencia organizada.
Según la abogada de Beras, Laura Acosta, el tribunal fijó la nueva audiencia para el 22 de septiembre, debido a que uno de los imputados en el proceso no se presentó con su representante legal y la Defensoría del Pueblo se ha negado a asumir su defensa.
«Hay una persona jurídica, una empresa, que está imputada y que no vino acompañada de su abogado. Al parecer, los abogados que tenía esa empresa renunciaron. Entonces, el tribunal, antes de esta audiencia, notificó a la Defensoría del Pueblo para que venga a defender a esta empresa, y la Defensoría del Pueblo se ha negado porque es una persona jurídica y que no defienden a las empresas… Esta audiencia no se sabrá porque la Defensoría del Pueblo no quiso venir a representar a alguien que dice no tener medios para defenderse; que probablemente tiene todos sus fondos bloqueados y no tiene como pagar un abogado”, explicó el abogado.
Asimismo, Acosta señaló que tanto el Ministerio Público como las defensas de los demás imputados se han opuesto a la negativa de la Defensoría Pública, porque esta situación provoca una postergación innecesaria de la audiencia.
“Lo que esperamos es que no sea necesario activar ninguna vía legal y que la Defensoría Pública cumpla con lo establecido por el tribunal”, agregó Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Caso Intrant: ¿Por qué se postergó el juicio de fondo contra Hugo Beras y los demás imputados y para cuándo estaba fijado?
El proceso judicial
Según el auto de procesamiento, Hugo Beras facilitó adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red de semáforos y del sistema de videovigilancia, tal como establece el auto de procesamiento.
Mientras tanto, José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de los sistemas de semáforos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria.
Los demás están procesados por blanqueo de capitales, testaferro y sabotaje a la red de semáforos, delitos de manipulación de ofertas y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas en la trama de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red de semáforos y falsificación de certificaciones.
En relación con las personas jurídicas, la acusación establece que fueron utilizadas para contratos fraudulentos y control de la red de semáforos, entre otros actos ilícitos.
A solicitud del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio acusado de actividades de lavado de dinero, malversación, asociación de malhechores y defraudación en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, suplantación de identidad, así como de delitos de alta tecnología y uso de documentos privados. También fueron acusados de contrabando y violación a la Ley de Armas.
