El nacimiento de un ser humano es un acontecimiento trascendental: marca el comienzo de la vida. Hoy este sagrado derecho está siendo vulnerado por decisiones estatales que contradicen la Constitución, la Ley General de Salud, la Declaración de los Derechos del Niño y los protocolos nacionales e internacionales que protegen la vida materna y neonatal.
Los estándares de la OMS y el OPS Lo tienen claro: el parto es un acto de amor, un proceso que requiere respeto, apoyo, privacidad, información y atención libre de violencia. El protocolo impuesto desde abril de 2025 viola ese carácter y rompe con todos los principios y derechos que rigen la atención obstétrica en el país. Una violación directa de los documentos oficiales del Ministerio de salud publica (2013, 2017, 2019, 2020) y guías internacionales.
La consecuencia es brutal. La presencia de agentes migratorios en las salas de parto ha generado terror entre las mujeres dominicanas negras, las mujeres de ascendencia haitiana y los migrantes. Muchas han optado por dar a luz en arbustos, casas improvisadas o en condiciones de alto riesgo para evitar ser arrestadas. Otras son detenidas inmediatamente después de dar a luz. En algunos casos, sus bebés quedan abandonados y desprotegidos, expuestos a complicaciones que pueden costarles la vida.
Esto no es una política pública: es una amenaza directa a la salud pública.
Él Colectivo Migración y Derechos Humanosrespaldado por más de 1.000 firmas de representantes de organizaciones e instituciones en una campaña ciudadana, solicitada el pasado 22 de junio frente al Palacio Nacional al presidente de la república, Luis Abinaderla derogación de este protocolo. Su mensaje es contundente: los hospitales deben ser espacios seguros, no centros de persecución. “Una sala de partos no es un lugar para desarrollar una política migratoria”, advierten. Y tienen razón. Cuando una mujer evita ir al hospital por miedo, el Estado está incumpliendo su deber más básico: proteger la vida.
El pedido al presidente no es un reclamo aislado. Es la voz articulada de organizaciones de salud, defensores de derechos humanos y sectores sociales que conocen la realidad de las poblaciones vulnerables. Piden la derogación inmediata del protocolo de inmigración y la retirada de los agentes de inmigración de los hospitales. Que se respete la vida.
Llaman al diálogo con la sociedad civil, el personal de salud y las organizaciones especializadas para construir una política migratoria que no sacrifique la dignidad humana ni la salud pública. Una política que no discrimine y que no haga del miedo parte del proceso de nacimiento.
Ningún bebé debería venir al mundo sin garantías de vida. Y ninguna mujer debería dar a luz bajo terror y amenazas a su integridad.
