Por Nicolás Francisco Avellaneda
La Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4 Escazú), celebrada en Nassau, Bahamas, entre el 21 y 24 de abril, dejó un sentimiento ambiguo para quienes seguimos de cerca los procesos en materia de derechos ambientales en América Latina y el Caribe. Hubo algunos pasos positivos, como la elección de una nueva junta directiva y la creación de grupos de trabajo sobre emisiones y registros de contaminantes y acceso a la justicia ambiental. En este último caso, además, la ciudadanía tendrá la posibilidad de contribuir a través de representantes electos, algo importante para sostener la participación en el marco del Acuerdo.
Detrás de estos logros institucionales, volvió a evidenciarse una incómoda realidad: los Estados siguen mostrando enormes dificultades para transformar los compromisos asumidos en políticas públicas concretas.
Durante el evento, varios países presentaron informes de progreso sobre sus Planes Nacionales de Implementación. La mayoría mostró avances centrados en talleres, consultas, eventos o capacitaciones. Pero hubo muy pocos ejemplos de políticas efectivas que garanticen el acceso a la justicia ambiental, la protección de los defensores o mecanismos reales de participación pública.
Y quizás lo más preocupante fue precisamente lo que no apareció claro en las presentaciones oficiales: datos concretos sobre violencia, criminalización y persecución a personas defensoras en materia ambiental. En una región donde defender el agua, los bosques o los territorios sigue siendo una actividad de riesgo, la ausencia de información pública es también una forma de invisibilidad.
Sociedad civil activa mecanismos regionales
Los informes presentados por los Estados durante la COP4 fueron, en muchos casos, descripciones generales de acciones institucionales que no permiten medir el crecimiento real en términos de protección y seguridad de las personas defensoras, ni el acceso efectivo a la justicia ambiental. Ante esta falta de información sólida y comparable, organizaciones, redes y movimientos sociales comenzaron a generar sus propios mecanismos de documentación y seguimiento.
Los propios Representantes Públicos presentaron los avances de un informe regional construido con aportes de diversas organizaciones e instituciones de América Latina y el Caribe. Paralelamente, iniciativas como Escazú Ahora Chile y la Plataforma de Defensores de la Tierra y el Territorio impulsaron informes y sistemas de seguimiento que buscan medir la situación que viven quienes defienden los territorios.
Escazú Now Chile presentó un informe con 70 casos reportados en el país. Por su parte, la Plataforma lanzó el Monitor de Defensores de la Tierra y el Territorio ALC, que reúne cerca de 600 casos de amenazas, criminalización y persecución a personas defensoras en materia ambiental de Argentina, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Guatemala y Honduras.
Lo que no se nombra no existe
La sociedad civil de la región entendió hace mucho tiempo que no basta con informar. También necesitamos producir información sólida, comparable y sistemática que revele patrones, tendencias y responsabilidades. La generación de datos es hoy una herramienta de incidencia política. Porque lo que no se mide no se registra. Y lo que muchas veces no se registra, tampoco existe para los Estados Unidos.
Los datos recogidos por el Monitor muestran algunos elementos especialmente preocupantes. Sólo el 26% de los casos registrados cuentan con algún tipo de medida de protección estatal. Los datos son clave para analizar el verdadero nivel de implementación del Acuerdo de Escazú en la región y dejan una pregunta inevitable: ¿qué están haciendo realmente los Estados Parte para garantizar la protección de los defensores ambientales?
Otro dato significativo es que el 51% de los casos involucran a comunidades indígenas. Esto es especialmente relevante después de una COP donde, impulsada principalmente por gobiernos como Argentina y Chile, se eliminaron de las decisiones finales las referencias específicas a los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
Las dimensiones de género también aparecen con fuerza. Si bien a nivel regional el 70% de los casos registrados afectan a hombres, al observar países donde los gobiernos y discursos de derecha han crecido en los últimos años -como Argentina, Ecuador y Chile- los casos que afectan a mujeres defensoras superan el 50%.
Esto muestra que la criminalización ambiental no ocurre de forma aislada, sino que se combina con violencia de género específica, especialmente cuando las mujeres ocupan roles visibles de liderazgo territorial y comunitario.
Todo esto ocurre, además, en un contexto regional cada vez más complejo. América Latina atraviesa una profundización de conflictos vinculados al extractivismo, la expansión minera, el agronegocio y los grandes proyectos de infraestructura, mientras muchos gobiernos reducen las capacidades ambientales estatales y presentan demandas territoriales como obstáculos al desarrollo económico. En este escenario, defender los derechos ambientales sigue teniendo costos muy altos.
La COP4 dejó claro que los avances institucionales existen, pero son muy lentos y dependen demasiado de las situaciones políticas de cada país. Mientras tanto, la sociedad civil ha venido demostrando una capacidad de articulación cada vez más sólida, apoyando redes regionales, produciendo información propia y generando mecanismos concretos de incidencia dentro del sistema de Escazú.
Porque hoy, en gran parte de América Latina, son las propias organizaciones, comunidades y defensores quienes están apoyando el ideal del Acuerdo de Escazú y presionando para que deje de ser solo un organismo regulador y se convierta en una política socioambiental.
Nicolás Francisco Avellaneda es Facilitador de la Plataforma de Defensores de la Tierra y el Territorio – ILC LAC y Director de Programas del Fondo Socioambiental Plural.
