Un juez peruano presentó la acusación de asociación ilícita contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), su esposa, Nadine Heredia, y cuatro exministros por el caso Gasoducto Sur Peruano, por lo que el equipo fiscal especial para los casos Odebrecht solicitó 35 años de prisión para el expresidente.
El juez Leodan Cristóbal Ayala declaró fundada una solicitud de excepción de inadmisibilidad de acción presentada por la defensa jurídica Luis Miguel Castilla, quien se desempeñó como ministro de Humala, para declarar el «sobreseimiento» o «archivo» de dicho delito.
Ayala adoptó esta medida en aplicación de una ley que establece que los “delitos de finalidad” en el delito de organización criminal deben tener una pena mínima abstracta mayor a seis años de privación de libertad, algo que indicó no se cumple en este caso.
En la resolución judicial, que fue emitida el 3 de julio pero difundida por medios locales este domingo, ordena el levantamiento de las medidas cautelares personales dictadas y reconfigura el proceso penal mientras permanece en discusión la acusación por el delito de colusión agravada y una eventual reparación civil.
Además, dispuso la reanudación de la audiencia de control de la acusación tributaria presentada sobre el caso el lunes 6 de julio a las 9:00 hora local (14:00 hora GMT), en la que se evaluarán los pedidos de excepción de inadmisibilidad de actuación presentados por los involucrados para que se archive el delito de colusión agravada.
El equipo había solicitado 35 años de prisión para Humala y Heredia por asociación ilícita y colusión agravada.
Mientras que para otras 21 personas, entre ellas los exministros Castilla, Eleodoro Mayorga, René Cornejo y Carlos Paredes y el exsuperintendente de la constructora brasileña Odebrecht en Perú Jorge Simoes Barata, solicitó penas de entre nueve y 35 años.
En el caso Gasoducto Sur Peruano, derivado del caso Lava Jato, la Fiscalía investiga si funcionarios del gobierno de Humala favorecieron indebidamente al consorcio liderado por Odebrecht para adjudicarles el megaproyecto energético valorado en 7.328 millones de dólares.
Desde abril de 2025, Humala cumple una pena de 15 años de prisión por lavado de dinero a raíz de los fondos aportados por Odebrecht a sus campañas electorales y hace dos meses volvió a exigir su libertad después de que la Justicia peruana archivara el proceso por los mismos motivos contra Keiko Fujimori y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
«El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de dinero. En nuestro caso, el Ministerio Público ni siquiera pudo acreditar la entrega de un aporte mal habido. Entonces, ¿por qué sigo preso?» Se preguntó Humala en un mensaje publicado en las redes sociales.
Mientras Humala fue condenado por lavado de dinero por no haber declarado los fondos que la empresa brasileña afirmó haber entregado para financiar su campaña electoral de 2016, Fujimori y Kuczynski han sido liberados de procesos similares por haber ocultado aportes financieros de diferentes entidades para financiar sus campañas, incluida Odebrecht.
