Operación XL526, puEl proceso que adelanta el Ministerio Público contra una estructura criminal dedicada a la extorsión y el lavado de dinero, enfrenta cuestionamientos legales luego de que los abogados defensores denunciaran supuestas irregularidades en el proceso y violaciones a los derechos fundamentales de los detenidos.
Los juristas alegan que durante los 28 allanamientos rrealizadas en Santiago y Puerto Plata, las detenciones se realizaron sin orden judicial adecuada, además de restricciones de acceso a la defensa técnica. Según sus declaraciones, estas acciones violan garantías constitucionales y el debido proceso.
El operativo, que permitió la detención de 20 personas, entre ellos cinco cabecillas, fue realizado por un equipo de 35 fiscales en coordinación con la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y organismos internacionales como HSI Santo Domingo.
Los abogados sostienen que algunos de los imputados fueron mantenidos incomunicados y que se les negó el derecho a comunicarse con sus familiares y representantes legales en las primeras horas de su detención. También cuestionan la forma en que se presentaron las pruebas, alegando que no se respetaron los protocolos de cadena de custodia.
El Ministerio Público, por su parte, ha defendido la legalidad de la operación, asegurando que se trata de un caso de delincuencia organizada transnacional con abundantes indicios de fraude, chantaje y blanqueo de capitales mediante criptomonedas y transferencias electrónicas.
