En la República Dominicana residen. 478.300 personas de cinco años y más con discapacidad. Representan el 4,8% de la población en ese rango de edad o, dicho de manera más gráfica, aproximadamente una de cada 20 personas.
La cifra constituye el dato oficial más reciente para estimar la magnitud de esta población en el país y diseñar políticas públicas. Proviene del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.
Sin embargo, quienes buscan en los registros de otras instituciones pueden encontrar cantidades muy diferentes. Esto no es una contradicción ni implica que muchos miles de personas hayan quedado fuera del mismo conteo.
No miden lo mismo
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) identifica a la población con discapacidad a través de una metodología estadística internacional, mientras que el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis) mantiene un registro administrativo de las personas que han pasado por un proceso de evaluación y certificación individual.
La diferencia es fundamental para poder interpretar correctamente las cifras y evitar equiparar el número de personas certificadas con la población dominicana que vive con alguna discapacidad.
El Censo 2022 introdujo por primera vez en un operativo censal dominicano la lista corta del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, desarrollada para estandarizar internacionalmente su medición.
En lugar de preguntar sólo sobre enfermedades, diagnósticos o deficiencias, el instrumento busca determinar las dificultades que experimentan las personas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Se evalúan seis dominios: ver, incluso usar gafas; oír, incluso cuando se utiliza un audífono; caminar o subir escalones; recordar o concentrarse; realizar tareas de cuidado personal y comunicarse.
Las respuestas nos permiten establecer diferentes grados, entre ellos ninguna dificultad, alguna dificultad, mucha dificultad o imposibilidad de realizar la actividad.
Para la estimación oficial, se considera población discapacitada a las personas que declaran gran dificultad o que no pueden realizar al menos una de estas actividades, de acuerdo con los criterios internacionales del Grupo de Washington.
Esto también significa que la metodología del censo no fue diseñada para determinar enfermedades o diagnósticos específicos. Su interés está en el funcionamiento de la persona y las dificultades que pueden colocarla en mayor riesgo de exclusión cuando encuentra barreras en su entorno.
Infografía
El cambio no es meramente semántico. Significa pasar de una visión centrada fundamentalmente en la condición de la persona a otra que tenga en cuenta su funcionamiento y el entorno en el que desarrolla su vida.
Nueva línea de salida
Este cambio metodológico nos obliga a tener cuidado con las comparaciones históricas. El Censo de 2010 identificó 1.160.847 personas con discapacidad, el 12,3% de la población, frente a 478.300 personas de cinco y más años, el 4,8%, en 2022. La diferencia no significa que la discapacidad disminuyera en esa proporción: la ONE advierte de que ambos resultados no son comparables.
En 2022 se adoptó la lista corta del Grupo de Washington, que considera personas con discapacidad a quienes declaran gran dificultad o imposibilidad en al menos uno de seis dominios funcionales; Quienes reportan sólo alguna dificultad no caen en ese indicador. La ONE considera el Censo 2022 como una nueva línea de base.
El ENHOGAR 2021, que utilizó la misma metodología, estimó una prevalencia del 4,9%, prácticamente el mismo 4,8% obtenido por el Censo 2022.
Certificarse es otra cosa
Conadis realiza un proceso diferente. Para acceder a la certificación de discapacidad la persona deberá someterse a una valoración y contar con la documentación clínica correspondiente. Durante la entrevista con HOY, funcionarios de la institución señalaron precisamente el acceso al diagnóstico como una de las barreras que aún puede dificultar que algunas familias lleguen al proceso de certificación.
Esta característica ayuda a entender por qué el registro de personas certificadas es mucho menor que los 478.300 identificados estadísticamente.
Es decir, una persona puede formar parte de la población con discapacidad identificada por el Censo sin poseer un certificado de discapacidad del Conadis.
Por lo tanto, utilizar el registro de certificaciones para responder cuántas personas con discapacidad viven en República Dominicana produciría una lectura errónea de dos instrumentos concebidos para propósitos diferentes.
Las mujeres son la mayoría
La radiografía censal también revela importantes diferencias por sexo y edad.
De las personas de cinco años en adelante identificadas con discapacidad, el 57% son mujeres y el 43% son hombres. La prevalencia también es mayor entre la población femenina: 5,4%, frente al 4,2% entre los hombres.
La diferencia se vuelve más visible a medida que aumenta la edad.
Los datos muestran un crecimiento progresivo de la prevalencia a lo largo del ciclo vital y una marcada concentración a partir de los 65 años. Entre las personas de 85 años y más, el 43,2% de las mujeres y el 38,7% de los hombres tienen discapacidad.
Esto no significa que envejecimiento y discapacidad sean equivalentes, sino más bien que la frecuencia de dificultades funcionales aumenta en los grupos de mayor edad.
Dificultades para ver y caminar.
Entre las 478.300 personas identificadas destacan dos dominios. El 50,5% tiene gran dificultad o incapacidad para ver incluso con gafas o lentillas, mientras que el 49,4% tiene dificultades para caminar o subir escaleras.
Le siguen recordar o concentrarse, con un 24,6%, y realizar tareas de cuidado personal, con un 21,8%. Los porcentajes correspondientes a audición y comunicación son menores.
Las categorías no son excluyentes: una misma persona puede experimentar dificultades en varios dominios, por lo que no se deben sumar los porcentajes para obtener un total.
El sexo también introduce diferencias. Entre las mujeres, las proporciones de dificultades para ver y caminar son mayores; Entre los hombres aparecen mayores porcentajes en audición, comunicación y autocuidado.
Más que una condición individual
La transformación en la forma de medirla refleja también un cambio en la forma de entender la discapacidad.
El documento Población con Discapacidad en República Dominicana: una aproximación a partir de datos del Censo 2022, publicado por la ONE en marzo de 2026, la presenta como resultado de la interacción entre personas con determinadas carencias y las barreras ambientales que pueden limitar su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones.
Esta perspectiva coincide con una idea defendida durante las entrevistas realizadas para esta serie: discapacidad no es igual a incapacidad. Las barreras físicas, comunicativas y actitudinales pueden ampliar las limitaciones que encuentra una persona o reducir sus posibilidades de participar en la sociedad.
La cifra de 478.300 permite entonces responder a la primera pregunta: ¿cuántas personas de cinco años y más viven con discapacidad en República Dominicana según la medición oficial actual? Pero deja abierta otra, quizás más importante: ¿qué oportunidades encuentran estas personas cuando intentan estudiar, conseguir un trabajo, mudarse, recibir atención o ejercer los derechos que les reconocen las leyes?
Los propios datos del Censo empiezan a responderla: el 22,3% no sabe leer ni escribir y el 20,8% nunca asistió a la educación formal, mientras que su participación en el mercado laboral es considerablemente inferior a la registrada entre la población sin discapacidad.
Esas lagunas serán el tema central de la segunda entrega de esta serie.
Marcia Contreras, Mildred Martínez y Willy Otaño de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Prevalencia fuera de las ciudades
La distribución territorial proporciona otra aparente paradoja. Si bien el 71% de las personas con discapacidad vive en zonas urbanas y el 29% en zonas rurales, al comparar cada grupo con la población que vive en su respectiva zona, la prevalencia es ligeramente mayor en las zonas rurales: 5,1%, frente al 4,7% en las zonas urbanas. Por regiones de planificación, Cibao Sur y Cibao Nordeste tienen la prevalencia más alta, ambas con 6.2%. A nivel provincial, Duarte y Sánchez Ramírez lideran la medición con 6,5%, seguidos por La Vega, con 6,3%, y Hermanas Mirabal, con 6,1%. Elías Piña y La Altagracia registran las proporciones más bajas, con un 3,8%. La territorialidad adquiere una dimensión práctica cuando la gente necesita servicios. CONADIS reconoce como uno de sus desafíos llevar evaluación, certificación y otros apoyos a una población que, por la propia naturaleza de algunas discapacidades, puede tener dificultades para desplazarse. Para responder a esta situación, realiza sesiones rotativas en diferentes regiones del país.
Alexis Alcántara Dionicio, director ejecutivo de Conadis.
