Madrid.- La Audiencia Nacional le ha dado la razón al cantante shakira en su último litigio en España, al anular la multa impuesta por la tributación del ejercicio 2011, en una sentencia en la que insta a Hacienda a devolver alrededor de 60 millones de euros.
El tribunal ha estimado el recurso del artista contra la resolución del Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de 2011.
En su sentencia, contra la que cabe recurso de casación, la Audiencia anula las liquidaciones y sanciones impuestas a la cantante al considerar que la Administración no ha acreditado que permaneció en España en 2011 durante más de 183 días, como exige la ley a la hora de convertir a un contribuyente en residente fiscal en el país.
«Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, simplemente porque no era cierto», afirmó la cantante en declaraciones remitidas a los medios por su equipo jurídico, de la firma Prada Tax Advisor.
El caso, que se ha resuelto por la vía administrativa, se limita a una cantidad de poco más de 55 millones de euros reclamados a la cantante, aunque su equipo cifra en más de 60 millones la cantidad que Hacienda debe devolverle sumando intereses y pago de costas.
Esta es, según anunció en un comunicado la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, que representa a Shakira, la última cuenta pendiente que la artista tenía en España tras ocho años de disputa.
Ahora, la sentencia puede ser apelada ante el Corte Supremay fuentes de la Agencia Tributaria, que recuerdan que Shakira ya aceptó conforme a las condenas por delitos contra Hacienda de los años 2012-2014, han informado a EFE que recurrirán.
Hace unos días, un juzgado de Barcelona archivó la segunda causa penal que había abierto Shakira por un presunto fraude de 6,6 millones de euros (7 millones de dólares) en 2018, después de que la Fiscalía y el resto de acusaciones lo solicitaran, aunque derivaron a la cantante a la vía administrativa para que pudiera ponerse al día con el organismo fiscal.
Años antes, en 2024, Shakira aceptó una multa de 7,8 millones de euros al admitir ante un tribunal que defraudó al Tesoro 14,5 millones entre 2012 y 2014, gracias a un pacto con la fiscalía que evitó la cárcel y le ahorró un largo juicio.
La cantante no residió en España en 2011
En este caso, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había pagado el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio en 2011 al alegar que residía fuera de España, cuando, según Hacienda, era residente fiscal en este país y, por tanto, estaba obligada.
El lugar donde vivió la cantante colombiana ese año ha sido el principal objeto de análisis de la sección cuarta del Tribunal de lo Contencioso, que ha concluido que «no está probado» que Shakira tuviera su domicilio fiscal en España.
Por tanto, para el tribunal «es evidente que las liquidaciones» y las posteriores sanciones impuestas por ellas «son contrarias a derecho».
El Tribunal entiende que la estancia de la cantante en España fue de 163 días y no superior a 183, como exige la ley a efectos fiscales, y asegura que la Administración no ha acreditado que Shakira tuviera el núcleo de intereses económicos en España ni relaciones familiares con residentes en el país.
Ante la afirmación de la Administración de que Shakira mantenía una relación sentimental con un residente español (el exfutbolista Gerard Piqué), el tribunal explica que en 2011 no existía «relación matrimonial», ni había «hijos menores» residentes en España. Es decir, “no existía ninguna unidad familiar a los efectos jurídicos de una persona extranjera”.
La Agencia Tributaria también analizó si el cantante residía efectivamente en las Bahamas, aunque el tribunal señala que el hecho de que «las Bahamas sean o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque el recurrente ha acreditado la permanencia de al menos 183 fuera de España».
Y recuerde también que la situación que ha analizado se encuadra en 2011, y que los cambios que se produzcan en años posteriores no afectan a este litigio.
Tras conocer la sentencia, la cantante esperó que «sienta un precedente para Hacienda» y lamentó la «acusación pública» sufrida y que se la trate «como culpable», según el comunicado.
Su abogado, José Luis Prada, ha cargado contra el «modus operandi» de Hacienda, que «asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no tienen recursos para defenderse» y ha celebrado que la Justicia funcione «de verdad» ante «posiciones administrativas inaceptables».
