Hay saciedad. Del robo que te roba el salario, del robo que vuelve inseguro el barrio; también de la delincuencia empresarial y de cuello blanco que empobrece a miles de personas manteniendo al mismo tiempo la respetabilidad. El castigo se concentra en los barrios mientras los grandes criminales compran protección.
Pero esa fatiga no autoriza a matar sin juicio. El 15 de octubre, El Nacional informó 238 muertes este año en supuestos «intercambios de disparos». El día 17, Diario Libre reportó otra muerte en Santiago: Wideiso Cris, identificado por la Policía como sospechoso de robos. El 2 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 205 presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2026. Son conteos diferentes: no son expedientes ni corresponden en su totalidad a la práctica denunciada.
pero a Policía El poder de decidir quién vive y quién muere también fortalece a los criminales que actúan desde sus filas. Un agente involucrado en crímenes puede eliminar a quienes conocen su oficio y borrar las huellas de sus cómplices. Se convierte así en juez, parte y verdugo, mientras la red criminal permanece intacta y protegida por el uniforme.
Ante una amenaza real a la vida, la legítima defensa requiere necesidad y proporcionalidad. Eso nunca incluye acabar con un detenido o crear enfrentamientos.
Necesitamos prevención, investigación y sanciones para todos, incluidos los delincuentes con poder uniforme o económico. Cuando aplaudimos que maten sin juicio, podemos estar aplaudiendo que entierren la verdad.
