Latinobarómetro es un reconocido estudio de opinión pública que se realiza anualmente en 18 países de América Latina por el Corporación Latinobarómetrouna ONG sin fines de lucro, con sede en Santiago de Chile, fundada y dirigida por la destacada especialista Marta Lagos.
Sus encuestas constituyen una herramienta fundamental para conocer, entre otros aspectos, el apoyo ciudadano a la democracia frente a opciones autoritarias o populistas. Sus indicadores permiten examinar la satisfacción con los gobiernos, la confianza en instituciones como el Congreso, los partidos políticos y la Policía, así como la creciente indiferencia hacia la naturaleza del régimen político.
Los resultados de Latinobarómetro 2026publicado el 2 de octubre, ofrece lecciones importantes sobre el estado de la democracia latinoamericana. En el caso particular de República Dominicana, nos permiten sacar conclusiones políticas especialmente relevantes sobre las percepciones y preocupaciones de los ciudadanos.
Creo que el hallazgo más inquietante, y el que merece mayor atención, es la voluntad de aceptar alternativas no democráticas. El 61% de los dominicanos afirma que no les importaría la llegada de un gobierno no democrático si solucionara los problemas nacionales, nueve puntos por encima del promedio latinoamericano. Además, el apoyo a la democracia se situó en el 47%, ocho puntos porcentuales menos que en 2024, mientras que el 69% considera que «un poco de mano dura no viene mal».
Esto no significa que el 61% de los dominicanos Quiere una dictadura. Revela algo diferente, pero igualmente preocupante: para una proporción considerable de la población, la eficacia del gobierno podría terminar superando el carácter democrático del régimen.
Estos resultados tampoco nos permiten concluir que la República Dominicana se dirige inevitablemente hacia el autoritarismo. De hecho, el 70% sigue considerando esenciales las elecciones. Sin embargo, revelan una tensión entre el reconocimiento de los procedimientos democráticos y la demanda de soluciones concretas a los problemas cotidianos.
Hay más. Otros indicadores muestran la magnitud de la desconfianza institucional: Sólo el 35% expresa confianza en el Presidente de la República; 30%, en el Congreso; el 28%, en el Gobierno y el Poder Judicial; el 24%, en la Policía Nacional; el 44%, en la institución electoral, y sólo el 20%, en los partidos políticos.
Estos porcentajes describen un problema que trasciende la valoración de un presidente o de una administración. La desconfianza llega a las instituciones encargadas de organizar, representar y ejercer el poder político. No está concentrado en una sola entidad: incluye al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial y a los organismos partidistas.
Esta situación requiere examinar no sólo el accionar de quienes gobiernan, sino también la responsabilidad de quienes ejercen la oposición y quienes administran las instituciones públicas democráticas del país.
Esta interpretación se ve reforzada por otros resultados: el 68% de los dominicanos no se sienten representados por el Congreso; El 76% desconfía de que los impuestos se utilicen correctamente, y sólo el 30% considera que el país avanza en la dirección correcta.
En conjunto, estas respuestas sugieren una distancia considerable entre las expectativas ciudadanas y la capacidad que la población atribuye a las instituciones para atenderlas y satisfacerlas.
que el apoyo a la democracia como régimen preferible ha caído por debajo del 50%; que el 61% hipotéticamente acepta un gobierno no democrático si resuelve los problemas; que el 69% favorece cierta “mano dura”; que el 68% no se siente representado por el Congreso; que el 76% desconfía del destino de sus impuestos; Que el 81% perciba el gran poder del crimen organizado, y que sólo el 30% crea que el país avanza en la dirección correcta, constituyen señales que merecen una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad democrática.
¿Cuál es entonces el mensaje del Latinobarómetro 2026? Los ciudadanos dominicanos están expresando una desconfianza que ninguna organización política debería ignorar. La legitimidad que otorgan las urnas debe complementarse con la que surge del buen gobierno, la honestidad, el respeto a la ley y la solución de los problemas sociales. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus representantes, no sólo se deteriora la relación entre gobernantes y gobernados: también puede debilitarse su compromiso con las instituciones democráticas. Recuperar esa confianza constituye, por tanto, uno de los grandes desafíos de la democracia dominicana y una responsabilidad ineludible de toda su clase política.
Juan Temístocles Montás
