Quimioterapia aplicada en pasillos a pacientes con cáncer, y el cobro de RD$3,500 y RD$5,000 por habitación, que corresponde a cubrir el Senasay no ellos, son otros dos ejemplos dramáticos del esquema integral de fraude, negligencia y peligrosidad de la vida humana, configurado por el expresidente de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); su esposa y su ex esposa.
Y es que, para beneficiarse directamente, el principal demandado en el caso Operación ONCO14, Héctor Antonio Lora Crucetaprivatizó la mayor parte de las salas de ingreso comunes del centro, cuyo coste estaba cubierto por el seguro médico, convirtiéndolas en habitaciones individuales, que los pacientes debían pagar en efectivo y directamente al centro.
Esa decisión ilegal obligó a pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado que requirieron hospitalización para recibir su tratamiento, asumieran personalmente el costo de la habitación privatizada, que oscilaba entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche, según el expediente solicitando medida de coerción al Ministerio Público.
Indica que los pacientes de bajos recursos que no podían costear una habitación privada tuvieron que inscribirse en una lista de espera hasta que hubiera espacio en una de las pocas comunes que quedaban, “situación que es clínicamente crítica, en el caso de los pacientes con cáncer para quienes cada hora de retraso en la administración del tratamiento tiende a comprometer directamente sus vidas”, enfatiza.
Los que no pudieron esperar
Pero había un grupo de pacientes que ni tenían recursos para pagar una habitación privada, ni su estado de salud les permitía esperar en una lista hasta que un día apareció una cama desocupada en el área común.
Ese grupo eran los pacientes que debían recibir quimioterapiaquienes al no poder esperar se vieron obligados a recibir su tratamiento de quimioterapia en el área de urgencias o en los pasillos del centro, lo cual está clínicamente contraindicado, porque “pacientes inmunocomprometidoslo que aumenta exponencialmente el riesgo de contraer infecciones o enfermedades, en espacios de alto tránsito y exposición”, señala el expediente.
Agrega que estos mismos pacientes, catalogados como ambulatorios, por la falta de camas, fueron también “los que con mayor frecuencia fueron objeto de los cambios fraudulentos de indicaciones médicas y el suministro de dosis incompletas de medicamentos” descritos en los hechos precedentes.
Comercialización de sustancias controladas.
Según la solicitud de medida de coerción contra los tres cabecillas de la red criminal, eso no fue suficiente para Lora Cruceta, dijo que, además, aprovechando su posición y control, habría utilizado las instalaciones institucionales, específicamente el farmacia del patronato“permitir y facilitar la comercialización de medicamentos que contengan sustancias controladas, independientemente de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes”.
Revela que como consecuencia de esta conducta, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó diversas inspecciones al IORC, en las que se detectaron irregularidades relacionadas con el funcionamiento de la farmacia, «evidenciando prácticas compatibles con la dispensación irregular y comercialización indebida de sustancias controladas».
Indica que una de estas inspecciones se realizó el 11 de julio de 2023, cuando personal de la Dirección de Químicos y Precursores de la DNCD intervino en el citado centro para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de control de sustancias.
Agrega que los hallazgos sobre irregularidades detectadas en el manejo y dispensación de medicamentos controlados, entre ellos «venta de medicamentos controlados sin permiso de venta; venta de medicamentos controlados para uso hospitalario, así como venta de medicamentos controlados vencidos desde hasta 2022”, todo lo cual quedó documentado en una nota informativa.
Destaca que durante una segunda inspección se confirmó la continuidad de las irregularidades previamente detectadas, comprobándose que las prácticas ilícitas no habían cesado.
“Asimismo, la existencia de una entidad llamada “Fundación Dominicana del Dolor (FUNDOLOR)”dirigida por la Sra. Margarita Reyes Lucianolos cuales tuvieron acceso a sustancias controladas sin justificación legal ni vínculo formal con el centro, lo que permitió el manejo irregular de dichos medicamentos”-
Dice que se realizó una tercera inspección el 26 de septiembre de 2025, en la que también participó la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), motivada por irregularidades detectadas en el centro y por la existencia de múltiples recetas asociadas a supuestas donaciones, prescritas repetidamente por el mismo médico, el anestesiólogo Dr. José D. Jiménez Marmolejos.
Agrega que, en esta ocasión, «se constató que parte de las sustancias controladas manejadas bajo la modalidad de supuestas ‘donaciones’ no fueron utilizadas para fines médicos legítimos, sino que fueron desviados y comercializados entre personas dependientes de estas sustancias”.
Entre los casos identificados se encuentra la Sra. Fiordaliza Blanco«quien anteriormente había sido paciente del Dr. Julián David Rodríguez Decena, y fue suspendido de su tratamiento por un cuadro de adicción».
Agrega que, sin embargo, «durante la inspección se constató que figuraba como paciente del Dr. José Daniel Jiménez Marmolejos, presentando un volumen importante y desproporcionado de recetas de medicamentos controlados, lo que demuestra la instrumentalización del sistema de salud para la obtención irregular de dichas sustancias».
