Santo Domingo.- El Ministerio Público procedió a contactar y entrevistar a miembros del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cuyos datos personales fueron utilizados para solicitar autorizaciones médicas, facturar diversos trámites y generar pagos con base en documentación falsa, como parte de la investigación del caso Senasa 2.0-A.
De acuerdo con la orden de búsqueda y captura ejecutada por el Ministerio Público, se establece que los integrantes entrevistados por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) negaron haber recibido los servicios médicos registrados a su nombre o reconocer sus firmas en los documentos utilizados como sustento de los reclamos de pago.
Estos testimonios, debidamente instrumentados y documentados, constituyen, según el Ministerio Público, evidencia directa del uso ilícito de los datos personales de los integrantes y la falsificación de sus firmas para la comisión y materialización de la estafa contra el Estado dominicano por parte de los involucrados en el caso Senasa 2.0-A.
Según la investigación, la estructura criminal del caso SENASA 2.0-A se organizó y operó de manera permanente y coordinada a través de un marco destinado a la elaboración, validación y denuncia de autorizaciones médicas fraudulentas, las cuales se generaron a partir del uso ilegítimo de datos personales y sensibles de afiliados que nunca solicitaron, recibieron o requirieron los beneficios médicos que falsamente fueron certificados como proporcionados.
Esta acción se materializó mediante la falsificación de documentación médica y administrativa, así como el uso consciente y sistemático de instrumentos falsos e información confidencial, en abierta violación a la normativa vigente, afectando a miles de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y provocando importantes daños materiales, todo en el marco de un esquema de fraude planificado, reiterado y sostenido en el tiempo.
Además, esta estructura criminal del caso Senasa2.0-A operó bajo una división de roles clara y definida. En ese sentido, empleados internos del SeNaSa, como el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y otros exempleados que están siendo investigados, accedieron a la base de datos de dicha institución para obtener información confidencial sobre los afiliados y sus planes de salud, según la orden de búsqueda y captura emitida por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Ana Lee Felimon.
Con esta información, y en asociación con médicos que están bajo investigación, procedieron a llenar formularios de reclamos médicos en nombre de afiliados que no los habían solicitado ni requerían ningún servicio.
Estas solicitudes incluyeron datos personales de los afiliados, diagnósticos, consultas y procedimientos, falsificando sus firmas.
Posteriormente, dichos formularios fueron firmados, sellados y colocados el código PSS por parte de los médicos, con el fin de dar apariencia de legalidad a los procedimientos fraudulentos.
El involucrado en la primera parte del caso Senasa, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y sus asociados, proporcionó deliberadamente los datos personales de los integrantes a los médicos involucrados.
El objetivo era que elaboraran hojas de reclamaciones médicas basadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes, que nunca fueron requeridos, realizados o solicitados por los afiliados afectados.
Para consumar el fraude, en estos formularios se ingresaba información falsa, utilizando datos personales y falsificando las firmas de los afiliados. De esta manera, suplantaron su identidad con el fin de defraudar al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y obtener beneficios económicos indebidos.
En ese marco, el Ministerio Público señala la participación en el caso Senasa 2.0-A de un grupo de médicos.
Según la investigación del caso Senasa 2.0-A, ellos, en asociación ilícita con Ángel Luis Guzmán Vásquez, estructuraron y ejecutaron de manera coordinada un esquema de fraude en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Esta acción generó importantes daños económicos al sistema de seguridad social dominicano y, según el Ministerio Público, violó gravemente la confianza pública depositada en el ejercicio de la medicina.
Para llevar a cabo estas acciones, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y sus asociados seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con bajo historial de interacción institucional, minimizando así el riesgo de detección de fraude.
A nombre de estos usuarios iniciaron solicitudes de autorización a través del Call Center del SeNaSa. Una vez obtenida, cumplían el ciclo penal elaborando y presentando facturación sustentada en documentación falsificada.
Este proceso culminó con el desembolso de fondos públicos a los médicos investigados por servicios que los integrantes nunca requirieron ni recibieron, quienes, según la investigación, devolvieron parte de las ganancias al imputado Ángel Luis Guzmán y su grupo delictivo.
Al interior de las filiales del ARS SeNaSa, en el caso SENASA 2.0-A, un grupo de personas resultaron perjudicadas por esta estructura criminal, quienes, a pesar de presentarse con hojas de reclamo médico, no recibieron ningún tipo de servicio por parte de un médico, evidenciando múltiples transacciones financieras entre este y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, según la investigación.
Lo mismo ocurrió con otro grupo de personas, quienes a pesar de encontrar también hojas de reclamos médicos a su nombre, no recibieron servicios de un médico, vinculado también al investigado Ángel Luis Guzmán Vásquez por las diferentes transacciones financieras entre ellos, según la orden de búsqueda y captura del caso Senasa 2.0-A.
El Ministerio Público ha entrevistado a un número importante de afiliados, quienes han manifestado categóricamente que no han recibido los servicios médicos que aparecen en los formularios de reclamo médico elaborados a su nombre.
Los declarantes también manifestaron desconocer a los médicos que firmaron los mencionados formularios y los diagnósticos contenidos en los mismos.
Asimismo, establecieron que nunca visitaron los centros u oficinas médicas donde aparecieron las autorizaciones, siendo enfáticos en señalar que no solicitaron, firmaron ni recibieron los trámites médicos registrados de manera fraudulenta a su nombre.
Otros afiliados entrevistados incluso expresaron que en las fechas y horarios en que se reportaba la realización de procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas se encontraban realizando actividades que imposibilitaban su presencia en los centros de salud.
Entre estas situaciones, se documentó que algunos se encontraban en sus lugares de trabajo, en sus domicilios, fuera de la ciudad o, en casos puntuales, fuera del país, descartándose, según sus declaraciones, cualquier posibilidad de haber asistido a consultas o cirugías registradas de manera fraudulenta a su nombre.
Asimismo, los integrantes entrevistados coincidieron en desconocer por completo tanto la existencia como la ubicación de los centros de salud o clínicas donde supuestamente recibían atención.
