Santo Domingo.- La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) expresaron su preocupación por la prestación del Servicio Nacional de Salud (SNS) lo que obliga a los hospitales públicos a adquirir el 80% de sus medicamentos e insumos a través de PROMESE/CAL y el Laboratorio Químico Dominicano (LABOQUIDOM).
La disposición designa dos canales de adquisición: PROMESE/CAL, el programa estatal de medicamentos esenciales, que compra a múltiples proveedores a través de procesos de licitación abiertos a cualquier postor; y LABOQUIDOM, empresa de fabricación y comercialización de medicamentos, en cuyo capital el Estado dominicano mantiene una participación mayoritaria, y que opera en el mismo mercado que los demás laboratorios y representantes de medicamentos del país.
Ambas Asociaciones enviaron previamente una comunicación formal al SNS con sus observaciones y una propuesta de diálogo técnico, sin recibir respuesta.
Los riesgos de la escasez en los hospitales públicos
Si bien las organizaciones valoran el objetivo de lograr eficiencia y ahorro en el gasto público, consideran que la medida, en su forma actual, pone en riesgo el abastecimiento oportuno de los centros de salud, afecta la libre competencia y perjudica a la industria farmacéutica nacional.
Las Asociaciones advierten de que esta rigidez podría dejar a los hospitales sin capacidad de reacción cuando faltan medicamentos, se producen retrasos en las entregas o surgen necesidades urgentes. Además, señalan que Al designar a LABOQUIDOM como canal de adquisición obligatoria, la disposición asegura una parte de la demanda pública sin competir por ella.mientras que el resto de proveedores deberán ganarlo en un proceso de licitación.
A esto se suma el impacto sobre los fabricantes nacionales, ya que la concentración obligatoria de la demanda pública puede reducir su participación en las compras del Estado dominicano, con efecto en el empleo formal, la recaudación de impuestos y la capacidad productiva instalada en el país.
Posición de la ARAPF: El peligro de la rigidez en el sector sanitario
«No estamos en contra de que el Estado dominicano centralice sus compras para lograr mejores precios. Eso es legítimo y hasta deseable.
El problema es cuando una medida de esta magnitud se aplica con tanta rigidez que los hospitales pierden capacidad de reacción cuando falta un medicamento, cuando hay un retraso en la entrega o cuando necesitan un producto con características especiales.
En salud, de nada sirve el precio más bajo si el medicamento no llega a tiempo al paciente que lo necesita. Solicitamos al SNS que revise esta disposición y establezca excepciones claras«, dice José Ricardo Leroux, presidente de ARAPF.
Posición de INFADOMI: Exigen igualdad de condiciones para competir
Por su parte, Patricia Mena Sturla, presidenta ejecutiva de INFADOMI, expresó: “LABOQUIDOM es un fabricante que compite con nuestras empresas en el mismo mercado, pero con esta disposición ha garantizado una porción de la demanda pública de medicamentos sin competir por ella, mientras que el resto debemos ganarla en una licitación.
Lo que te pedimos es simple: que compitas en igualdad de condiciones, con las mismas reglas y los mismos requisitos que se le exigen a cualquiera. Hoy nuestros laboratorios venden medicamentos directamente a los hospitales públicos.
Con esta disposición desaparece esta venta directa y toda la compra pasa necesariamente por PROMESE/CAL y LABOQUIDOM. Eso es lo que nos preocupa: la eliminación de una ruta comercial que ya existe, con el consiguiente impacto en el empleo y en nuestra capacidad de producir.«.
