Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y que excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o contundentes contra la ciudadanía, la soberanía y la integridad del país sudamericano.
La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía los delitos que impliquen violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, homicidio doloso, lesiones muy graves, tráfico de drogas, así como los delitos previstos en la ley anticorrupción.
Asimismo, establece la exclusión de personas que estén o puedan ser procesadas o condenadas por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial» de Venezuela por parte de «Estados, empresas o personas extranjeras».
Los diputados aprobaron otorgar amnistía por actos o «errores cometidos» durante diferentes episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.
Además, se nombró una comisión especial integrada por 23 diputados -entre ellos opositores y chavistas- que desarrollarán e implementarán «mecanismos» para velar por el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial. Los parlamentarios podrán contar con el asesoramiento de expertos.
El artículo 7, tema de diferencias entre parlamentarios y cuyo debate fue pospuesto la semana pasada, establece que las personas deben acudir a los tribunales para solicitar la amnistía y permite a quienes no se encuentran en el país realizar el trámite a través de un representante legal.
En tanto, el artículo 11 indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que sean anuladas mediante una «sentencia sustitutiva», en un plazo «que no excederá de 15 días continuos».
La legislación también establece que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigor de la amnistía serán procesadas normalmente de conformidad con la legislación.
Esta propuesta de amnistía forma parte del «nuevo momento político» anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero.
La ONG Foro Penal contabiliza 644 presos políticos en el país, tras más de 400 excarcelaciones en medio de un proceso iniciado el 8 de enero por el Gobierno encargado.
