SANTO DOMINGO.– Tres meses de prisión preventiva como medida de coerción solicitó el Ministerio Público contra el médico Wilver Armando Polanco Sanz, investigado por una denuncia de agresión sexual interpuesta por una paciente que acudió a su centro de salud en el municipio Las Guáranas, provincia Duarte.
El conocimiento de la medida fue postergado para el 23 de febrero por la jueza Josefina Noemí Díaz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Duarte, con el objetivo de realizar una entrevista a la denunciante a través del Cámara Gesell.
Según el expediente, los hechos habrían ocurrido el 17 de febrero, alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la mujer, de nacionalidad haitiana, fue derivada desde un policlínico del distrito municipal Los Limones, en el municipio de Pimentel, para ser sometida a un ecografía pélvica en la oficina del acusado.
La acusación establece que, durante el procedimiento médico, el especialista habría incurrido en una conducta inapropiada que derivó en la presunta agresión sexual denunciada por la paciente.
Según el Ministerio Público, tras lo sucedido, la mujer inmediatamente presentó una denuncia verbal ante la Policía Nacional, lo que motivó la detención del médico alrededor de las 10:45 de la mañana de ese mismo día.
Las autoridades informaron que, como parte de la investigación, han recabado pruebas que, sostienen, sustentan la denuncia.
Asimismo, indicaron que se encuentran verificando los antecedentes de los imputados para determinar si existen otros casos similares.
El organismo acusador explicó que los hechos han sido tipificados legalmente como violación sexual agravada y violencia contra la mujer, de conformidad con los artículos 330, 331 y 309-1 del Código Penal dominicano.
El pedido de medida coercitiva fue presentado por la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Duarte, a cargo de la fiscal Sandra Sierra Difó, quien solicitó que, de imponerse prisión preventiva, ésta se cumpla en el fortín de la provincia.
El proceso se encuentra en la fase preliminar y, conforme al principio de presunción de inocencia, el imputado mantiene sus derechos constitucionales hasta que se dicte una decisión judicial definitiva.
