Santo Domingo.- La experta en seguridad y defensa Josefina Reynoso cuestionó si los llamados “intercambios de disparos” se utilizan como una respuesta efectiva al crimen y advirtió que el incremento de estas acciones genera interrogantes sobre la estrategia de seguridad implementada en los últimos años.
Reynoso sostuvo que, si bien las autoridades han señalado una reducción de la criminalidad y la delincuencia, los intercambios de disparos han mantenido una presencia significativa y, según las cifras que presentó, se han incrementado en ciertos períodos.
El especialista también cuestionó que actualmente estas acciones se presenten como “acciones legales”, considerando que el cambio de nombre no soluciona el problema de fondo.
“Si la delincuencia ha bajado, si la delincuencia ha bajado, ¿por qué ahora quieren presentar mano dura?” dijo Reynoso, quien consideró que detrás de esta estrategia hay una respuesta basada en la fuerza que no necesariamente demuestra que las políticas de seguridad estén funcionando.
Según las cifras presentadas por Reinoso, los llamados intercambios de disparos pasaron de 84 casos en 2020 a 139 en 2022, llegaron a 226 en 2024 y disminuyeron levemente a 214 en 2025.
Para 2026, la especialista señaló que hasta septiembre se habían registrado 196 casos, lo que eleva el total acumulado desde 2020 a aproximadamente 1.025, según los datos que presentó durante una entrevista.
El experto también llamó a respetar el debido proceso y cuestionó si una persona puede morir durante una acción policial antes de que la Justicia determine su responsabilidad.
“No podemos dejar que una persona muera antes de ser llevada ante la justicia”, expresó durante una entrevista en el programa Esto No tiene Nombre.
Preguntas para la reforma policial
Reynoso vinculó el debate sobre los intercambios de disparos con las condiciones en las que opera la Policía Nacional y con los desafíos pendientes de la reforma policial.
Según el informe que citó durante la entrevista, el 86% de los destacamentos policiales no habían sido remodelados, situación que, a su juicio, dificulta hablar de una verdadera modernización y profesionalización de la institución.
Explicó que la reforma no debe limitarse a cambios administrativos o nuevos mecanismos operativos, sino que también debe garantizar condiciones adecuadas para los agentes y para los ciudadanos que acuden a los destacamentos.
Entre estas condiciones mencionó baños adecuados, espacios para alimentación y descanso, teniendo en cuenta que algunos agentes trabajan más de 12 horas.
Dificultades para presentar denuncias.
Otro aspecto destacado por el especialista fue la capacidad de los destacamentos para recibir y registrar denuncias.
Reynoso afirmó que más del 75% de los destacamentos no cuentan con computadoras ni impresoras para realizar este trabajo.
Advirtió que cuando una persona intenta presentar una denuncia y es enviada de un destacamento a otro, puede terminar desistiendo del proceso.
En su opinión, esta situación también tiene consecuencias en las estadísticas de criminalidad, porque los hechos que no se denuncian ni registran no quedan adecuadamente reflejados en las cifras oficiales.
“Si no tienes las estadísticas, no tienes la realidad de lo que está pasando en el territorio”, afirmó.
El experto también cuestionó la existencia de mecanismos adecuados para comparar estadísticas de seguridad de diferentes períodos, señalando que se han utilizado diferentes herramientas y metodologías para recopilar y presentar los datos.
En ese contexto, Reynoso afirmó que el debate sobre los intercambios de disparos debe ir más allá de contar cuántas personas han muerto en estos procedimientos y analizar si la estrategia aplicada está logrando prevenir el delito, fortalecer las instituciones y garantizar el debido proceso.
