El expresidente Leonel Fernández consideró este miércoles que el memorando de entendimiento firmado entre Estados Unidos y República Dominicana para recibir a deportados de terceros países no tiene carácter jurídicamente vinculante, por lo que, a su juicio, el país no está obligado a acatar las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses.
«No es oponible y por tanto no sujeto a ejecución. Eso es lo que podemos decir desde el punto de vista jurídico», explicó Fernández.
El presidente de Fuerza del Pueblo también agregó que no existe ningún compromiso legal que obligue al país a aceptar este mecanismo y advirtió que hacerlo “constituye ciertamente una violación a la soberanía nacional”.
«Una sentencia es una expresión de soberanía y, si se trata de algo que no nos concierne, no estamos obligados a cumplirla».
Fernández se refirió al tema al concluir el primer Congreso Internacional de Geopolítica República Dominicana 2026.
Acuerdo de un año
El Gobierno dominicano informó este miércoles que recibirá mensualmente a unos 30 deportados de terceros países procedentes de Estados Unidos, tras firmar un acuerdo de cooperación con vigencia de un año.
El canciller Roberto Álvarez explicó en conferencia de prensa que las personas trasladadas permanecerán en territorio dominicano entre siete y quince días, mientras se coordinan los trámites para su regreso a sus países de origen.
Álvarez precisó que el Gobierno estadounidense asumirá todos los costos relacionados con estas operaciones.
El Ejecutivo había anunciado que el acuerdo excluye a los ciudadanos haitianos y a los menores no acompañados, y que su objetivo es «facilitar» el regreso de los nacionales de terceros países deportados por Washington.
Sin embargo, las autoridades dominicanas aún no han definido el lugar exacto donde permanecerán los deportados. Según el canciller, estas personas estarán bajo vigilancia permanente y contarán con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Reacciones divididas
La firma del acuerdo ha generado posiciones encontradas entre líderes políticos y diferentes sectores de la sociedad dominicana, en medio del debate sobre sus implicaciones legales, migratorias y de soberanía nacional.
