El Estatuto de Roma establece que una vez que el Estado designado acepte ejecutar la sentencia de la Corte Penal Internacional, esta sentencia será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la sentencia de oficio.
Sin embargo, en caso de que surjan nuevas circunstancias que no existían al momento de aceptar la ejecución y que afecten sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que revise la situación y, de ser necesario, transfiera al sentenciado a otro Estado.
También permite a la Corte Penal Internacional trasladar al condenado a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, la ejecución de la pena de prisión podría ser determinada como inalterable por el Estado Parte que acepta al condenado y está sujeta a modificación únicamente por la Corte Penal Internacional, o en consulta con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
En relación con la supervisión de la ejecución de sentencias y condiciones de detención, el Estatuto de Roma establece claramente que la CPI tiene primacía y es la entidad con autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una sentencia.
El Estatuto también establece que las condiciones de detención deben regirse por el derecho interno del Estado que ejecuta la pena y «deben ajustarse a los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad». Además, las condiciones no pueden ser más o menos favorables que las de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional es la encargada de supervisar las condiciones de detención, afirmando inequívocamente que “las comunicaciones entre el condenado y la CPI deben mantenerse confidenciales y confidenciales”. El Estado debe permitir la comunicación entre el condenado y la Corte para asegurar la implementación de esta obligación.
