Ginebra.- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que extiende el mandato de la Misión Independiente de Investigación por dos años más. Venezueladías después de que señalara en su último informe que la maquinaria represiva del régimen seguía «intacta» tras la caída de Nicolás Maduro.
El texto aprobado este martes valora los recientes avances positivos en Venezuela, como el restablecimiento de la cooperación y el diálogo con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pero sigue expresando preocupación por «Continuas y graves violaciones y abusos».
La resolución fue aprobada por 25 votos a favor, 17 abstenciones y cinco votos en contra (China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi).
Informes sobre la situación durante las sesiones del Consejo de 2027 y 2028
El texto pide a la misión de tres expertos, establecida en 2019 y compuesta actualmente por Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), que presente informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que el Consejo celebrará en otoño de 2027 y 2028.
Antes de la votación, la delegación venezolana ante el Consejo se mostró contraria a que la misión continúe con su mandato, destacando que «Ha llegado el momento de superar los mecanismos de control establecidos sin el consentimiento del Estado interesado».
«Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo incluya una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deben perpetuarse indefinidamente ni renovarse automáticamente”, añadió la delegación.
En días anteriores, la experta Sofía Macher, presidenta de la misión, había sostenido que su trabajo era más importante que nunca para poder comprobar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente ante una eventual Escenario de transición política.
La resolución de este martes muestra preocupación por las «persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial» en Venezuela, que a su juicio amenazan con contribuir a «impunidad generalizada».
Por ello insta a la República Bolivariana a respetar y proteger las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, pide el fin de las restricciones al espacio cívico y democrático y pide la liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas detenidas arbitrariamente.
También recuerda que la prolongada crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela obligó a millones de personas a abandonar el país, y por ello reconoce los grandes esfuerzos que otros países, especialmente de la región, siguen haciendo para acoger a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos.
