Por: Fernando Pernás.
Los economistas utilizan modelos para diagnosticar los ciclos económicos y sugerir tratamientos. Cuando una economía cae por falta de demanda, porque los hogares consumen menos, las empresas invierten menos o contraen créditos, la receta suele ser relativamente estándar.
En esos casos, la respuesta va en una dirección conocida: estimular temporalmente la economía con más gasto público, impuestos más bajos o crédito más barato. No es un medicamento sin efectos secundarios, pero la lógica es clara. Si falta demanda, se empuja la demanda.
El problema es que un shock de energía no funciona así. Cuando el precio del petróleo sube abruptamente, no sólo se desacelera la economía, sino que también se encarecen los bienes y servicios.
Para una economía pequeña y abierta, que importa buena parte de la energía que consume, este tipo de shock viene del exterior, pero se siente rápidamente en el interior. Producir cuesta más, transportar cuesta más y vivir cuesta más.
A diferencia de una recesión convencional, donde la producción y los precios caen, un shock de oferta combina dos males al mismo tiempo. Hay menos actividad y mayor inflación.
Ahí es donde comienza el dilema. Una política expansiva puede sostener el empleo y aliviar la caída, pero también puede echar más leña al fuego inflacionario. Una política restrictiva puede ayudar a contener los precios y las expectativas, pero también puede enfriar una economía que ya se ha visto afectada.
En otras palabras, el gobierno no elige entre un resultado bueno y uno malo. Elige entre costos. Elegir quién los absorbe, por cuánto tiempo y con qué nivel de protección social.
Por eso los shocks energéticos no son sólo un problema económico. Son, sobre todo, una prueba de economía política.
En este contexto, el gobierno enfrenta dos relojes de arena que se vacían simultáneamente. Uno es el reloj económico, marcado por precios más altos, salarios más bajos, destrucción de empleo, pobreza y posibles quiebras empresariales.
El otro es el reloj político, donde la paciencia social, la credibilidad, las expectativas y la confianza ciudadana se agotan.
El manual técnico suele apuntar en una dirección bastante clara. Recomienda apoyo temporal y específico a los hogares más vulnerables, prudencia fiscal para evitar medidas generalizadas que sean difíciles de desmantelar y una política monetaria destinada a contener las expectativas inflacionarias.
En política es mucho más difícil. La focalización es eficiente, pero produce incomodidad entre aquellos que están fuera del beneficio. Los subsidios generalizados son populares, pero pueden abrumar el gasto público.
La política monetaria puede contener expectativas, pero no produce petróleo, trigo ni fertilizantes. Y pedir paciencia a la población cuando los alimentos, el transporte y la electricidad suben de precio requiere algo más que tecnocracia. Exige credibilidad.
Aquí es donde la economía deja de ser sólo gestión de variables y se convierte en gestión de la confianza. Los beneficios de la prudencia tienden a ser difusos y futuros, mientras que los costos del ajuste son concretos e inmediatos.
El ciudadano no siempre ve el déficit que se evitó o la inflación que no se produjo. Ve el supermercado más caro, el transporte más caro y el salario que alcanza menos.
Por lo tanto, en una crisis energética, comunicar no es embellecer las políticas públicas, sino más bien una parte central de las políticas públicas mismas. Si los ciudadanos entienden que el impacto viene del exterior y que parte del costo es inevitable, la tolerancia social puede expandirse.
Más aún si se percibe que el gobierno protege primero a quienes tienen menos margen. Si la comunicación falla, cada aumento de precio se convierte en evidencia de incompetencia, abuso o indiferencia.
En las crisis, los ciudadanos no sólo escuchan las medidas. También observan gestos. Se fija en si el gobierno pide sacrificios mientras se protege, o si empieza por ajustar sus propios excesos.
En tiempos normales, los gastos percibidos como superfluos pueden parecer detalles menores. En una crisis, se convierten en símbolos.
Por lo tanto, controlar un shock energético no consiste en prometer que nadie pagará el costo. Esa promesa sería prácticamente imposible de cumplir. Consiste en decidir cómo se distribuye ese costo, cómo se protege a quienes menos pueden absorberlo y cómo se preserva la confianza mientras pasa la tormenta.
Porque cuando la economía nos obliga a elegir el veneno, la diferencia entre una crisis manejable y una crisis política no está sólo en la receta técnica. Está en la legitimidad con la que se administra el sacrificio.
