Santo Domingo.- Que el Código Penal no entre en vigor el próximo mes de agosto o que se amplíe el plazo de vacatio legis para mejorarlo es algo con lo que no están de acuerdo juristas consultados durante el Almuerzo del Grupo de Comunicación de Corripio.
Dos exmagistrados, uno de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, y otro del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, además del juez de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, Rafael Báez, coincidieron en que el Código Penal debe entrar en vigencia como se esperaba y que, posteriormente, se subsanen los defectos.
Valoran la reforma
Moscoso Segarra, quien también fue fiscal del Distrito Nacional, considera que el Código Penal constituye la reforma más importante del derecho penal sustantivo.
Tras elogiar las novedades de la pieza y sus nuevos artículos, manifestó ser consciente de que toda norma puede corregirse.
Puso como ejemplo el Código Penal francés, que según dijo ha recibido más de 100 modificaciones desde su última reforma general, en 1994.
“Desde mi modesto punto de vista, el Código Penal debe entrar en vigor y luego ser modificado, o la Corte Constitucional debe dictar una sentencia exhortatoria al Congreso”, explicó.
Al respecto, Jiménez sostuvo que el Código Penal rige la realidad actual. Sin embargo, aprovechó para cuestionar algunos de sus artículos sobre delitos que afectan a las mujeres.
Indicó que en el artículo 124 el legislador omitió describir y categorizar la violencia mediante la fuerza física.
También cuestionó que no se penalice el castigo físico cuando es ejercido por el padre o la madre contra sus hijos con fines de corrección y que, en el artículo 127, se reemplaza la palabra “mujer” por “cualquier persona”.
código punitivo
Báez también habló en términos positivos sobre la normativa y explicó que era necesaria.
Sin embargo, consideró que la ley tiene una orientación excesivamente punitiva. “Este es un Código Penal punitivo y reactivo”.
Indicó que todas las penas se incrementaron drásticamente y que se excedieron los límites razonables de la sanción penal.
«Una sentencia de 60 años amenaza la vida. Un joven de 18 años condenado a 60 años nunca volverá a la ciudadanía. Entonces, ¿dónde está la reintegración?»
Báez indicó que las cárceles del país podrían desbordarse y que el populismo penal es responsable de que, incluso antes de la aprobación del Código Penal, estos aumentos de penas fueran aplaudidos y promovidos.
«Este Código va a tener un impacto negativo en el entorno penitenciario. Los países desarrollados no construyen cárceles, sino escuelas. Cada centro penitenciario es un fracaso de la política gubernamental».
Báez agregó que no solo aumentaron las privaciones de libertad, sino también las multas, las cuales consideró excesivas al establecer un rango de entre 50 y 1.000 salarios mínimos.
Al opinar sobre este tema, Jiménez se limitó a decir que es de conocimiento general que la mano dura vende políticamente, atribuyendo el aumento de las penas en el Código Penal al populismo penal.
Mientras que Moscoso Segarra afirmó que el aumento de las penas, y el propio Código Penal, no constituyen una panacea contra la delincuencia.
“Miente el legislador que dice que resuelve el crimen con el Código”.
Ampliación de la ‘Ley de Vacaciones’
El término vacatio legis, que se refiere al período que transcurre entre la promulgación de una ley y su entrada en vigor, a juicio de Jiménez no debe utilizarse para modificar la norma, sino para que los actores involucrados en su aplicación, en este caso los operadores del sistema de justicia, se adapten a ella.
Esto se debe a que algunos legisladores incluso sugirieron que este tiempo podría usarse para introducir mejoras a la ley.
Respecto a la preparación de los actores del sistema judicial, Báez informó que desde el momento en que se promulgó el Código Penal los jueces comenzaron a recibir capacitación y que lo mismo ocurrió con los fiscales.
Además, dijo que la Escuela Nacional de la Magistratura publicó un trabajo de distribución gratuita, elaborado por reconocidos juristas, en el que se explica y analiza críticamente la nueva legislación para ofrecer a los jueces un amplio panorama de la normativa.
Libertad de expresión
Al hablar de temas relacionados con la libertad de expresión, la ex jueza de la Corte Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, indicó que se debe distinguir entre las funciones de la prensa y los periodistas, y las que desempeñan las personas que hablan a través de medios tradicionales y plataformas alternativas.
Mientras que Moscoso cree que hay elementos inconstitucionales pero que pueden ser subsanados.
Impunidad
— Entre colegas
En opinión de Moscoso Segarra, la despenalización de algunos delitos vinculados a la palabra no puede traducirse en un escenario de impunidad para quienes utilizan los medios de comunicación con fines de extorsión.
«Hay que separar a los periodistas de quienes hacen opinión pública. La prensa no se dedica a sobornar.»
Katia M. Jiménez, ex juez del TC
