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lunes, agosto 17, 2026
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Frank Rainieri critica falta de “coraje” del Gobierno para ordenar crecimiento turístico e inmobiliario

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Punta Cana, DR.— El empresario turístico Frank Rainieri afirmó que Al Gobierno dominicano le ha faltado “coraje” para afrontar el desorden en desarrollo inmobiliario y crecimiento no planificado en los principales centros turísticos del país, especialmente en Bávaro–Punta Cana.

Rainieri sostuvo que el modelo de éxito de Punta Cana no se puede replicar en todo el territorio y llamó a diversificar la oferta turística identificando “nichos” en cada destino.

El empresario turístico citó como ejemplos a Puerto Plata, Cabarete y Samaná, que -según dijo- han logrado o están en proceso de definir propuestas diferenciadas para atraer visitantes, durante un encuentro con la prensa en el marco de la Bolsa Anual de Turismo Dominicana.

El empresario advirtió que el crecimiento del turismo debe ir acompañado de infraestructuras adecuadas, incluido el transporte aéreo, ferroviario y por carretera, y criticó el desorden en el tráfico.

“No podemos seguir con los despropósitos que tenemos en el tránsito”, expresó, al tiempo que insistió en la necesidad de un plan de planificación efectivo.

Respecto al auge de complejos inmobiliarios en la zona Este, Rainieri denunció una expansión descontrolada y desregulada.

Señaló que numerosos desarrollos se construyen sin una planificación básica, como plantas depuradoras, vías adecuadas o servicios esenciales, lo que -en su opinión- hace insostenible el crecimiento de la zona.

Indicó que la extensión del corredor turístico de Juanillo a Macao alcanza dimensiones comparables al Gran Santo Domingo, lo que agrava los problemas de movilidad. «Los bloqueos son consecuencia de las calles estrechas donde se están construyendo mastodontes», dijo.

Rainieri también cuestionó que muchos desarrolladores prioricen las ganancias sin asumir responsabilidades a largo plazo. “Después que venden se van, y los que se quedan son los que viven aquí”, dijo.

El empresario insistió en que tanto el Gobierno como las autoridades locales deben actuar con firmeza para regular el sector, limitar la construcción descontrolada y garantizar un desarrollo sostenible que no afecte a la calidad de vida de los residentes ni a la competitividad del destino turístico.

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