La Fiscalía de Colombia abrió una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe por hechos vinculados con la creación de un grupo paramilitar, las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de un activista de derechos humanos.
Estas masacres ocurrieron a finales de la década de 1990 en el municipio de Ituango, en el departamento colombiano de Antioquia, del que Uribe era gobernador en ese momento.
La acusación del expresidente se produce a tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que disputarán el conservador Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda.
El propio Uribe, quien presidió Colombia en dos mandatos consecutivos de 2002 a 2010, informó sobre la investigación en sus redes sociales: «De mis abogados: La Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un tiempo que lo llama a investigación por el tema del aro, la finca, José María Valle (sic) y Guacharacas. Para enfrentar este calvario a pocas horas de las elecciones».
Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado y defensor de derechos humanos que denunció la complicidad de fuerzas militares y grupos paramilitares en las masacres de El Aro y La Granja. Fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por paramilitares.
En un comunicado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que los delitos en los que presuntamente estaría involucrado el expresidente “son los de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida”.
Según el documento, Uribe habría facilitado y promovido «las acciones de esa estructura armada organizada al margen de la ley, que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, propiedad de la entonces familia Uribe Vélez».
La extensa hacienda Las Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, era propiedad de la familia del expresidente desde 1978 y, según la Fiscalía, habría sido utilizada como base para grupos paramilitares.
El hermano del expresidente, Santiago Uribe, fue sentenciado a 28 años de prisión a principios de este mes por «concierto para delinquir agravado y homicidio agravado», luego de comprobarse que era el líder del grupo paramilitar conocido como «Los 12 Apóstoles».
En la investigación abierta contra el expresidente, la Fiscalía menciona «la posible participación del exgobernador en las incursiones paramilitares en los distritos de La Granja y El Aro del municipio de Ituango perpetradas entre 1996 y 1997, en las que se registraron homicidios múltiples, desplazamientos forzados, quema de viviendas y robo de ganado».
¿Cómo fueron las masacres?
El 11 de junio de 1996, miembros de la estructura paramilitar Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá torturaron y asesinaron a cinco personas frente a sus vecinos y familiares en la localidad de La Granja, acusándolas de ayudar a la guerrilla.
Un año después, el 22 de octubre de 1996, este mismo grupo paramilitar llegó a la localidad de El Aro, donde asesinaron a 17 personas.
Los milicianos estuvieron 7 días en el municipio torturando a sus víctimas, quemaron numerosas viviendas y obligaron al desplazamiento de más de 700 personas.
Los grupos paramilitares que operaron en la zona en esos años estaban compuestos en su mayoría por ganaderos, empresarios y policías, y actuaron en connivencia con las fuerzas armadas para frenar la expansión de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La Fiscalía también quiere investigar al expresidente por su «presunta responsabilidad en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998», por lo que será «próximamente citado a dar instrucción».
En 2025, Uribe fue sentenciado a 12 años de arresto domiciliario por fraude y soborno en un largo juicio relacionado con presunta manipulación de testigos.
Uribe fue absuelto en segunda instancia, aunque el caso ahora está siendo revisado por el máximo tribunal del país.
El expresidente fue acusado en ese juicio de haber ordenado a un abogado sobornar a paramilitares encarcelados para desacreditar las acusaciones de que tenía vínculos con esos grupos.
Uribe siempre ha defendido su inocencia, asegurando que es víctima de persecución política.
La Comisión de la Verdad de Colombia, que surgió de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, concluyó que los paramilitares fueron responsables de al menos la mitad de las más de 450.000 víctimas mortales que el conflicto colombiano se cobró entre 1985 y 2018.
La sombra del paramilitarismo acompañará a Uribe durante toda su vida
Uribe tiene 73 años y la Justicia en Colombia es tremendamente garantista.
En el ámbito jurídico, esto implica que un sistema judicial priorice la protección de los derechos y libertades de inocentes y acusados, respetando el debido proceso.
En Colombia esto resulta en juicios que parecen interminables.
El propio expresidente lleva 13 años librando un caso por soborno a testigos que ha desembocado en arrestos domiciliarios, condenas en primera instancia y posteriores absoluciones. El proceso está ahora en manos de la Corte Suprema.
Por su edad y las garantías del sistema, muchos en Colombia piensan que Uribe nunca iría a la cárcel, incluso si fuera condenado irrevocablemente.
Pero una nueva investigación, una vez más sobre presuntas conexiones con paramilitares, ensombrece aún más esa sombra que persigue a Uribe desde hace décadas.
Exista o no convicción o conocimiento de la verdad, esa carga acompañará al expresidente por el resto de su vida.
