Santo Dominó.- Familiares de varios de los médicos arrestado por el caso SeNaSa 2.0 Acudieron la mañana de este sábado al penal preventivo del Juzgado de Ciudad Nueva para visitar a sus familiares, quienes fueron detenidos durante los operativos realizados el viernes por el Ministerio Público.
Los detenidos fueron trasladados a ciudad nueva entonces permanecer en la sede de la Fiscalía General de la República, donde fueron interrogados luego de los allanamientos realizados como parte de la nueva fase de la investigación.
El Ministerio Público lanzó ayer la Operación Cobra 2.0-A con el propósito de perseguir la red de corrupción de ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otras personas que se dedicaban a defraudar al Estado, al defraudar con miles de millones de pesos a la administradora de riesgos en salud pública (ARS).
Los equipos de fiscales han realizado 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, explicó el vicefiscal Wilson Camacho, director general de Fiscalía del Ministerio Público, al reafirmar la firme posición de la fiscal general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para enfrentar la corrupción y el crimen organizado.
Camacho anunció que al menos 28 personas fueron detenidas como parte del caso que inició en su primera etapa con la Operación Cobra para desmantelar una estructura de corrupción administrativa que aprovechaba el SeNaSa para robar fondos públicos en perjuicio de todos sus integrantes.
Explicó que en el operativo trabajan equipos de fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la dirección de la fiscal judicial Mirna Ortiz, así como de otras unidades del Ministerio Público.
En el operativo participan 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigación Criminal. En la investigación también participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.
Las unidades del Ministerio Público han incautado bienes, dinero en efectivo, vehículos y armas de fuego como parte del operativo que tiene como objetivos procesar a médicos que, además de violar el Código Penal y amenazar los servicios de salud de sectores vulnerables, afectaron incluso a sus propios colegas que actúan con apego a la ética profesional y se apegan a las leyes vigentes.
El proceso penal
En una primera etapa, el Ministerio Público detuvo a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y líder de la red de corrupción.
Asimismo, los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
El 5 de agosto, el Juzgado Séptimo de Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Hazim Albainy y los demás imputados. Asimismo, Ada Ledesma Ubiera cumple la misma medida bajo arresto domiciliario, luego de que el 16 de julio se variara su coacción por motivos de salud.
También se sigue el proceso judicial contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes también se les impusieron medidas coercitivas en diciembre pasado, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimentos de salida del país.
En el caso también está procesado Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional también ratificó la prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta en mayo pasado.
La red criminal fue desmantelada con la Operación Cobra, iniciando posteriormente el Ministerio Público la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso de dinero sustraído del patrimonio público.
Con su accionar, los imputados afectaron a los integrantes del SeNaSa, al defraudar a esa administradora de riesgos de salud pública (ARS) con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, defraudación al Estado dominicano, malversación de fondos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de dinero.
Durante el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido reunir evidencia de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y programas especiales sin base legal, utilizados para desviar fondos mediante maniobras fraudulentas.
El organismo acusador indicó que se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación delictuosa, de prestadores de servicios de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también lanzó en junio pasado la Operación Onco14, que derivó en la detención de tres personas por ser parte de la estructura que abusó de la Junta Cibaeña Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
En el caso fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acología, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupaba la Vicepresidencia. y, al mismo tiempo, se desempeñó como auditora interna y externa del directorio que administra el Instituto Regional de Oncología del Cibao cuando el imputado era presidente de la mencionada ASFL.
