El conteo de votos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú comenzó luego de una jornada en la que más de 27 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas para elegir al noveno presidente que tendrá el país en una década.
Los electores tuvieron que elegir entre dos candidatos que representan los extremos del espectro ideológico: la derechista Keiko Fujimori, de 51 años y de la formación Fuerza Popular, y el izquierdista Roberto Sánchez, de 57 años y representante de Juntos por el Perú.
Las encuestas a boca de urna hechas públicas tras el cierre de los centros de votación auguran un empate técnico. El de la empresa IPSOS da el 50,7% de los votos a Fujimori frente al 49,3% de Sánchez, mientras que el de DATUM sitúa a la candidata conservadora con el 50,53% frente al 49,47% de su rival.
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. La encuesta, hecha pública nada más cerrar las urnas y realizada por Ipsos, tiene un margen de error del 3%.
Las elecciones de este domingo están siendo seguidas al milímetro tras los problemas logísticos y las denuncias de fraude en la primera vuelta del 12 de abril, cuyos resultados tardaron un mes en conocerse y en la que Fujimori obtuvo el 17,92% de los votos, frente al 12,03% de Sánchez.
Esta es la cuarta vez que Keiko Fujimori, hija del polémico expresidente Alberto Fujimori, cuyo legado reivindica, se presenta a las elecciones presidenciales, tras haber perdido anteriormente ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).
Sánchez, por su parte, se presenta como el heredero político del expresidente Pedro Castillo, de quien fue ministro de Comercio Exterior y Turismo.
Castillo fue condenado el año pasado a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración, tras intentar sin éxito disolver el Congreso y concentrar poderes cuando estaba al frente del Ejecutivo en 2022.
Voto urbano versus voto rural
Las últimas encuestas arrojaron una mínima ventaja para Fujimori o un empate técnico, lo que anticipa que el conteo de votos se prolongará por varios días.
De hecho, este sábado el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados definitivos de esta segunda vuelta no se conocerán hasta mediados de julio, poco antes del traspaso de mando en el país.
La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó que la certificación de cifras del 100% se retrasará debido a la introducción del nuevo proceso de recuento de votos obligatorio en casos de mesas impugnadas o con observaciones.
Luego de los problemas surgidos el 12 de abril, la vigilancia en esta segunda ronda aumentó, con cerca de 55.000 observadores dentro y fuera del país, incluida una delegación internacional con más de 500 representantes de instituciones como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras.
Uno de los factores determinantes en esta elección será el voto indeciso, que representa alrededor del 25% del electorado, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada la semana pasada.
La participación en diferentes regiones también será clave.
«A Keiko Fujimori no le conviene que haya abstencionismo en Lima, su principal bastión urbano, mientras que a Roberto Sánchez no le interesa el abstencionismo en el mundo rural y en el sur del país, donde es muy popular», explicó a BBC Mundo el politólogo Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en Lima, Perú.
En este sentido, la movilización electoral en las zonas urbanas frente a las rurales puede ser decisiva en lo que se espera sea un resultado electoral muy reñido.
Otro elemento determinante, según Cárdenas, es el rechazo histórico a ambos candidatos, lo que funciona como una fuerza política en sí misma.
En el caso de Fujimori, el llamado antifujimorismo activa recuerdos del autoritarismo y la corrupción de la era Alberto Fujimori; En el caso de Sánchez pesa su vinculación con la gestión de Pedro Castillo, que «se recuerda como una gestión muy desordenada, plagada de corrupción e improvisación».
Dos visiones contrastantes
La inseguridad y la criminalidad han sido dos de los temas prioritarios para los votantes en esta segunda vuelta electoral.
Al aumento de homicidios se suman los cerca de 30.000 episodios de extorsión reportados en Perú 2025, muchos de los cuales afectaron a pequeños empresarios o trabajadores del sector transporte.
Fujimori ha basado su campaña en una serie de políticas duras contra el crimen, declarando la «guerra» a los extorsionadores y prometiendo desplegar el ejército contra el crimen organizado, tomar el control de las cárceles y colaborar con instituciones financieras para bloquear el dinero de la criminalidad.
Es precisamente este enfoque el que hace que muchos votantes teman un regreso a la era de Alberto Fujimori -presidente entre 1990 y 2000- cuya política de mano dura llevó a su encarcelamiento por violaciones de derechos humanos.
Los partidarios de Fujimori contrastan su enfoque de libre mercado y su promesa de atraer más inversiones estadounidenses con las propuestas de Sánchez: revisar los contratos mineros, aumentar ciertos impuestos corporativos, aumentar el salario mínimo y darle al Estado un mayor control sobre los recursos naturales, ideas que han perturbado los mercados financieros.
Sánchez sostiene que la riqueza derivada de los recursos naturales del Perú no llega a la gente común ni a las comunidades (a menudo rurales) donde se concentra gran parte de la actividad minera.
En cualquier caso, en los días previos a la segunda vuelta el candidato de izquierda matizó su discurso presentando un nuevo plan de gobierno más moderado y diferente al de las elecciones del 12 de abril, y asegurando que respetará la autonomía del banco central y el marco legal que facilita las inversiones, defendiendo la estabilidad macroeconómica como condición necesaria para atraer inversiones.
Sánchez también ha prometido liberar al expresidente de izquierda Pedro Castillo, que fue encarcelado en 2022 tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto para evitar un proceso de impeachment.
El viernes, un juez dictaminó que Sánchez podría ser juzgado por presuntos fondos de campaña no declarados de las elecciones regionales celebradas entre 2018 y 2020. Él niega las acusaciones y se espera que apele la decisión.
Keiko Fujimori también tuvo su propio escándalo: un caso de lavado de dinero en el marco del caso Odebrecht. Tras ir a la cárcel, el Tribunal Constitucional acabó archivando el proceso. El fallo le permitió volver a ser candidata justo a tiempo para estas elecciones.
¿Más inestabilidad?
Más allá de quién gana en las urnas, otra gran incógnita es la gobernabilidad del país, en un contexto en el que el Congreso peruano se ha convertido en un actor clave de la estabilidad política, con capacidad de condicionar la acción del Ejecutivo.
En los últimos años, la combinación de un sistema de partidos fragmentado y la ausencia de mayorías sólidas ha desatado una inestabilidad persistente.
La destitución de presidentes y los constantes enfrentamientos entre poderes han reforzado la percepción de que la gobernabilidad depende menos del resultado electoral y más de la capacidad del presidente para construir alianzas en un Congreso altamente volátil.
Ningún partido tiene mayoría en el Congreso peruano, aunque el partido de Fujimori tiene el bloque minoritario más grande.
Muchos peruanos están agotados por esta inestabilidad.
El año pasado estallaron protestas encabezadas por la Generación Z, cuyos jóvenes argumentaron que el Estado no estaba combatiendo el crimen, la corrupción y la desigualdad.
Los menores de 30 años representan aproximadamente una cuarta parte del electorado peruano, y muchos de los que protestaron no creen que ninguno de los candidatos pueda lograr un cambio real.
