Santo Domingo.- Los casos de adolescentes víctimas de violencia registrados en Villa Altagracia y Santiago han reabierto una discusión que va más allá de los procesos judiciales: Los riesgos asociados a la normalización de las relaciones entre adultos y menores.un problema que los especialistas vinculan con contextos de desigualdad, embarazos precoces y vulnerabilidad de los adolescentes.
El caso más reciente ocurrió en Santiago, donde un adolescente de 17 años fue encontrado muerto con signos de violencia en un tramo de la avenida Circunvalación Norte. Por este hecho, un hombre de 32 años fue puesto a disposición de las autoridades y se encuentra siendo investigado dentro del proceso judicial correspondiente.
Según información preliminar difundida durante la investigación, ambos habían mantenido una relación sentimental que comenzó cuando la joven era menor de edad. Las autoridades continúan reuniendo pruebas para establecer las circunstancias del caso y determinar responsabilidades.
El hecho causó consternación entre los vecinos de San Francisco de Jacagua, comunidad donde el adolescente era conocido por familiares, vecinos y amigos.
Semanas antes, en mayo, otro caso ocurrido en Villa Altagracia generó alarma nacional. Una adolescente de 16 años fue víctima de feminicidio, hecho que volvió a colocar en el centro del debate la violencia contra niñas y adolescentes y los factores que pueden incrementar su exposición a situaciones de vulnerabilidad.
Normalización de relaciones desiguales
Más allá de los procesos judiciales, los especialistas han advertido sobre los riesgos de que las relaciones entre adultos y adolescentes sean socialmente aceptadas como situaciones comunes.
Durante un almuerzo en el Grupo de Comunicación Corripio, Claudia Saleta, gerente de Incidencia y Educación de Profamilia, explicó que la normalización de las relaciones entre adultos y menores debe analizarse desde la perspectiva de proteger los derechos de las niñas y adolescentes.
Saleta señaló que estos vínculos están atravesados por diferencias de edad, condiciones sociales y niveles de poder que pueden colocar a las adolescentes en una posición de mayor vulnerabilidad. En este contexto, la aceptación social de estas relaciones puede contribuir a que los riesgos asociados pasen desapercibidos, incluidos los embarazos precoces.
La especialista destacó que cuando una relación desigual es vista como normal por el entorno, se pueden reducir las posibilidades de que el adolescente reciba orientación, apoyo y acceso oportuno a redes de protección.
El problema no sólo tiene implicaciones para la maternidad temprana, sino también para las oportunidades educativas, el desarrollo personal y la capacidad de los adolescentes para tomar decisiones informadas sobre su futuro.
Embarazo adolescente y uniones tempranas: una realidad que persiste
La discusión se da en un contexto donde República Dominicana continúa enfrentando desafíos relacionados con la maternidad temprana y la protección infantil.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) con el apoyo técnico y financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indican que el 15,9% de las mujeres de 20 a 24 años tuvieron su primer hijo antes de cumplir los 18 años.
La encuesta incluye indicadores sobre embarazo adolescente, uniones tempranas, violencia, salud, educación y protección infantil, con el objetivo de identificar avances y brechas en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes.
Durante la presentación de los resultados, Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana, destacó que esta información permite comprender los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes y orientar acciones para garantizar sus derechos.
Mildred Martínez, directora general de la ONE, señaló que contar con datos actualizados permite identificar las áreas donde se requieren mayores esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la población.
Prevenir
Los especialistas sostienen que la protección de los adolescentes requiere de acciones preventivas que permitan identificar situaciones de riesgo antes de que conduzcan a consecuencias más graves.
Entre las medidas propuestas se encuentran fortalecer la educación, orientar a las familias, mejorar los mecanismos de protección y promover una cultura donde se prioricen los derechos de las niñas y adolescentes.
Los casos ocurridos en Santiago y Villa Altagracia vuelven a plantear una discusión pendiente: cómo prevenir Las relaciones con diferencias significativas de edad se consideran normales. cuando puedan existir condiciones de desigualdad que afecten el desarrollo y seguridad de los menores.
La respuesta, señalan especialistas, debe centrarse en la prevención, protección y garantía de los derechos de las niñas y adolescentes.
