SANTO DOMINGO. – La jueza Dolores Galay de la Cruz de la Primera Sala de la Cámara Penal del distrito judicial de Santo Domingo condenó a un empresario que sustrajo ilegalmente electricidad en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste, SA) y el Estado dominicano a dos años de prisión y al pago de más de RD$47 millones.
Javier Francisco Álvarez Valencia fue condenado a dos años de prisión, en la modalidad de pena suspendida en las condiciones que establezca el juez de ejecución de la pena, quien podrá ordenar que el imputado cumpla la pena en el Centro Correccional de Hombres (CCR) de Najayo, en caso de incumplimiento de las normas establecidas.
El juez De la Cruz también ordenó a Álvarez Valencia pagar un monto total de RD$47,747,272.88 por energía consumida y no facturada, así como el pago de una indemnización de RD$200,000 por daños causados, además de una multa de 10 salarios mínimos.
En el proceso, el Ministerio Público demostró que Álvarez Valencia, en su calidad de propietario y beneficiario del negocio Hielo El Grande, ubicado en la Avenida Emma Balaguer, no. 31, del sector El Cacique II, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, manipuló el suministro eléctrico, estableciendo una conexión directa en 7,2 KV, con dos transformadores, uno de 100 KVA y otro de 75 KVA, fuera del medidor.
Mediante este delito, el imputado sustrajo ilegalmente la energía, con un valor monetario que asciende a RD$47,747,272.88, que por orden judicial deberá pagar, monto que quedó establecido en el avalúo realizado por la distribuidora y revisado y aprobado por la Superintendencia de Electricidad (SIE).
En la audiencia, el órgano de acusación demostró que las acciones cometidas por el imputado constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 124-2, 125-1 y 125-3 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, tipificadas como Ataque al Sistema Eléctrico y Fraude Eléctrico, en perjuicio de la víctima Edeeste, SA, y del Estado dominicano.
El procurador judicial José Aníbal Carela, titular de la PGASE, indicó que el Ministerio Público está comprometido con la persecución de los delitos tipificados por la legislación en el campo energético y con la protección de los intereses de la sociedad dominicana.
“El fraude eléctrico conlleva al deterioro del sistema eléctrico y por ende perjudica a la sociedad”, afirmó Carela, quien llamó a la población a denunciar el fraude eléctrico ante el Ministerio Público.
“En la PGASE estamos para velar por los intereses del ciudadano, siempre apegados a las leyes y a la constitución que rige nuestro país”, precisó Carela.
