Me quedé sin palabras al conocer los detalles de la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deivi Timoteo Peguero, quien en una acción que podría calificarse de irracional, dejó en libertad al joven Jean Andrés Pumarol Fernández, responsable de la muerte de la señora Ivonne Handal, así como de las lesiones de otras 5 personas.
Difícilmente podría haber emitido un veredicto sobre si el acusado era o no responsable desde un escritorio, y sin acceso a todos los elementos de este juicio. Lo que es irrefutable es que, bajo ninguna circunstancia, Jean Andrés Pumarol Fernández debió ser liberado y devuelto a la sociedad, o peor aún a quienes lo tenían a su cuidado.
El peligro que representa el acusado no está en discusión, y por eso debemos preguntarnos, ¿qué medidas tomó el juez para evitar que se repita un acto tan brutal?
De hecho, esta decisión de reinsertarlo en la vida común podría interpretarse como prueba de que el imputado sí comprende y entendió las consecuencias de sus actos, ya que es el propio juez quien califica su estado mental al ponerlo en libertad, es decir, tácitamente lo devuelve a la sociedad y con ello afirma que encaja en ella con todos sus deberes y derechos, una contradicción.
Un hecho de sangre como este no puede tratarse como una reyerta de bar, hay seres humanos que han perdido a un ser querido para siempre, y la justicia no ha actuado con el debido rigor y profundidad.
Aceptar la determinación del juez sin cuestionar su vaguedad podría abrir puertas difíciles de cerrar. En una sociedad donde hay diagnósticos médicos a la carta, mañana si las sentencias son libertad pura y dura, veremos cómo reivindicar la demencia será un deporte.
Pero claro, que no te sorprenda si al decir estas cosas resulta que, como dijo Kinito Méndez:
El loco soy yo.
