Por: Luis Matías, economista.
Hay una figura poco discutida en el debate fiscal dominicano, el buen ciudadano que paga sus impuestos a tiempo, que factura, que no evade, y que, precisamente por eso, se siente con el derecho y la razón de exigir que ese dinero regrese en forma de calles transitables, hospitales funcionales, escuelas de calidad y electricidad estable.
Este «buen contribuyente» no es un actor pasivo en el sistema tributario; Es, desde la teoría económica, la pieza que sustenta la legitimidad de todo el pacto fiscal. Cuando se rompe esta reciprocidad, no sólo se erosiona la confianza en el Estado; el incentivo mismo para seguir cumpliendo se debilita.
La idea de que los impuestos son el precio de la civilización atribuida a Oliver Wendell Holmes tiene una versión más rigurosa en la economía pública. Knut Wicksell, a finales del siglo XIX, sostenía que un impuesto sólo está plenamente justificado cuando el contribuyente puede reconocer, al menos en términos generales, el beneficio que recibe a cambio. Es el llamado principio de beneficio; Pago porque uso o porque me beneficio de lo que el Estado proporciona.
Más tarde, Margaret Levi formalizó esto como una teoría del «intercambio fiscal cuasi voluntario»: los ciudadanos cumplen con sus obligaciones tributarias no sólo por temor a la sanción, sino porque perciben que el Estado cumple su parte del trato y que otros también contribuyen.
Cuando esta percepción de reciprocidad y equidad se debilita porque se capta el gasto público, porque hay evasión impune o porque los servicios no mejoran a pesar del pago, el cumplimiento tributario deja de ser «cuasi voluntario» y se sustenta únicamente en la fuerza de la supervisión.
Autores como Benno Torgler y James Alm proponen como moral tributaria la disposición intrínseca a pagar impuestos que va más allá del cálculo coste-beneficio. Esta moral tributaria depende de variables como la confianza institucional, la percepción de justicia del sistema y la calidad observable de los servicios públicos. La moral fiscal no es un rasgo cultural; responde a la experiencia concreta del ciudadano con el Estado.
Un contribuyente que ve baches sin reparar, apagones frecuentes o un sistema de salud pública deficiente, mientras cumple con el ITBIS y el impuesto a la renta, experimenta la disonancia como una erosión de la moral tributaria. Esta erosión no se traduce necesariamente en una evasión abierta; muchos siguen pagando por el civismo o el control fiscal, pero sí se traduce en un malestar legítimo.
La teoría de los bienes públicos explica por qué ciertos servicios que son responsabilidad del Estado permiten a los ciudadanos utilizarlos de manera exclusiva, respondiendo a las demandas de la comunidad.
La escuela Public Choice, asociada con James Buchanan, añade una advertencia importante; Los gobiernos no son agentes benevolentes automáticos. Sin mecanismos de control, transparencia y competencia política, el gasto público tiende a desviarse hacia el clientelismo o la ineficiencia burocrática en lugar de hacia el bien colectivo. De ahí el buen contribuyente que exige resultados tangibles.
Cuando leemos los diferentes informes y estudios, República Dominicana presenta una paradoja que conviene desagregar con cifras recientes. Según datos de la OCDE y CIAT recopilados por CREES, la carga tributaria dominicana se situó en 14,3% del PIB en 2023, muy por debajo del promedio latinoamericano de 21,6%, y entre las más bajas de la región.
El Ministerio de Finanzas informó una cifra más reciente y algo más alta: una presión fiscal del 15,6% del PIB para fines de 2025, impulsada por un crecimiento de los ingresos superior a la expansión económica.
Incluso con esta mejora, la carga tributaria dominicana se mantiene por debajo del promedio regional. A primera vista, esto sugeriría que el dominicano paga relativamente poco.
Sin embargo, la composición de ese cargo cambia la lectura; Alrededor del 95% de la carga tributaria dominicana proviene exclusivamente de impuestos generales, principalmente el ITBIS y el impuesto a la renta, frente al 77% del promedio regional, porque el país apenas cuenta con aportes a la seguridad social dentro de las cuentas públicas y una base extractiva muy pequeña (minería, hidrocarburos).
Es decir, lo poco que se recauda recae de forma muy concentrada en el consumo y los ingresos de empresas y empleados formales, no de forma amplia y diversificada.
A esto se suma un hecho clave; La informalidad laboral, aunque en descenso, todavía rondaba el 54% de los ocupados al cierre de 2025. Es precisamente el 46% de ese segmento formal que paga ITBIS en cada compra, retenciones en su nómina y declara ante la DGII, el que encarna con mayor fuerza la figura del “buen contribuyente”: un grupo relativamente concentrado que financia proporcionalmente más al Estado y que, en consecuencia, tiene una base legítima para exigir resultados visibles.
En lo que respecta al gasto, el panorama es mixto. El cierre fiscal de 2025 mostró un gasto de capital del 2,6% del PIB. Es una mejora relativa, pero la brecha entre esta inversión y las expectativas ciudadanas persiste en áreas sensibles: la calidad de la educación pública, la saturación del sistema sanitario, la inestabilidad del suministro eléctrico en determinadas zonas y la percepción de opacidad en las compras estatales siguen siendo los puntos donde la teoría del contrato fiscal encuentra su lugar.
. Un sistema donde el contribuyente confía en que su contribución se traduce en bienes públicos de calidad reduce los costos de inspección, mejora el cumplimiento voluntario y libera recursos que actualmente se utilizan para perseguir la evasión. Por el contrario, un sistema percibido como injusto o ineficiente empuja hacia la informalidad, la elusión y, en última instancia, hacia una base impositiva cada vez más estrecha que debe compensarse aumentando las tasas aplicadas a los mismos contribuyentes cautivos.
Para la República Dominicana, esto tiene implicaciones políticas concretas: ampliar la base tributaria formalizando la economía informal, fortalecer la transparencia y la trazabilidad del gasto público (algo que la factura electrónica y la digitalización de la DGII ya están comenzando a permitir) y priorizar inversiones visibles y de calidad en los servicios que más erosionan la moral tributaria cuando fallan: salud, educación y electricidad.
En conclusión, el buen contribuyente dominicano que paga el ITBIS en cada compra, retiene y declara sus ingresos, y no encuentra en ellos motivo de orgullo sino de exigencia, no está pidiendo un favor cuando exige mejores servicios. Estás ejerciendo, sin necesariamente saberlo, un principio central de la economía pública: que la tributación sólo es sostenible, eficiente y justa cuando se basa en un intercambio reconocible entre lo que se aporta y lo que se recibe.
La discusión fiscal dominicana en los próximos años marcada por la necesidad de incrementar la recaudación sin asfixiar la formalidad ya lograda dependerá, en gran medida, de la seriedad con la que se tome esta reciprocidad como eje de la política pública, y no sólo como una aspiración retórica.
