Santo Domingo.-El presidente de la Corte Suprema de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó que el 40% del presupuesto de la institución es absorbido por procesos penales, por lo que instó a impulsar soluciones alternativas a través de acuerdos procesales para lograr una reducción sustancial del gasto y descongestionar los tribunales.
Molina sostuvo que la forma de maximizar los recursos pasa por la eficiencia operativa y el uso de herramientas digitales.
Destacó que la agilización de las jurisdicciones inmobiliarias, civiles, laborales y de familia generará un impacto directo en la seguridad jurídica y permitirá una mayor recaudación de ingresos para el Estado.
Entrevistado en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, afirmó sobre la lentitud de los procesos, que para acelerar los casos penales hay una solución que son los acuerdos. “En la medida en que la justicia dominicana no entienda, como lo hacen en Estados Unidos o en todos los países con este tipo de sistema, que los casos tienen que resolverse mediante acuerdo y que sólo el 5% o el 10% deben ir a juicio”, dijo, realmente no habrá una justicia actualizada que garantice los derechos de las personas en tiempo y forma.
Cero retrasos en el Pleno
Respecto al trabajo al más alto nivel, el también presidente del Consejo de la Judicatura, informó que la Sala Plena de la SCJ tiene sólo 122 casos en trámite, los cuales están siendo resueltos dentro de los plazos legales establecidos, descartándose la existencia de demora judicial en ese órgano.
Respecto a la independencia de los fiscales, Molina reiteró la neutralidad del poder judicial, tras asegurar que los jueces actúan como terceros imparciales responsables de decidir sobre los planteamientos presentados por el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Reorganización
Molina planteó la necesidad de agrupar la normativa del sector en una única Ley Orgánica del Poder Judicial para abordar cuestiones estructurales, incluida la redistribución territorial.
Explicó que actualmente el país está dividido en 11 departamentos judiciales creados sin otro criterio que la proximidad geográfica, lo cual resulta innecesario en la era digital.
Propuso repensar la estructura nacional en cinco grandes regiones judiciales respaldadas por tribunales de apelación regionales. «Lo que digo tan rápido, una vez que lo planteemos y se convierta en noticia, será rechazado por mucha gente, porque implica cambiar lo que existe. Cada vez que se cambia algo se solucionan problemas, pero se crean otras expectativas», afirmó el magistrado.
Justicia cercana
El presidente de la Corte Suprema señaló que la justicia está fuertemente mediada por los abogados y el Ministerio Público, por lo que se deben habilitar medios alternativos que no requieran acudir a los tribunales. Destacó el papel de las Casas de Justicia y sugirió promover mecanismos horizontales con trabajadores sociales o mediadores para resolver disputas por alimentos, derecho de familia o conflictos vecinales a través de la justicia restaurativa.
Asimismo, destacó que la digitalización avanza en zonas como Santiago, donde el 68% de los abogados ya realiza sus trámites de forma remota sin acudir físicamente a los juzgados.
Molina dijo que al asumir en 2019, como presidente del Poder Judicial, la institución enfrentó tres limitaciones críticas que requirieron una reestructuración inmediata, que fueron: la digitalización, que fue el paso de un sistema analógico a una plataforma tecnológica, para realizar todos los depósitos, procesamientos y firmas digitales de documentos que se ejecutan de forma remota.
También hay cero atrasos en la SCJ, en la que se eliminaron los atrasos de expedientes con más de 20 años de antigüedad. Ningún caso en la Corte Suprema supera un año de tramitación.
Además, seguimiento en tiempo real, con la herramienta digital para que abogados y ciudadanos puedan seguir el estado de sus expedientes mediante un código.
Asimismo, se refirió a la aplicación del modelo de gestión en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este y la supervisión de mejoras para Santo Domingo Oeste, donde aún queda mucho por hacer.
Derecho
— Pendientes
El presidente de la Corte Suprema dijo que uno de los desafíos es incentivar acuerdos, abaratar procesos penales y mitigar demoras en zonas de alto desarrollo turístico y comercial con un incremento de más del 30% en el área inmobiliaria.
